Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo por el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha dictado este miércoles un auto de procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, contra ellos y otros 25 exaltos cargos regionales por un presunto delito continuado de prevaricación y un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos, respectivamente. El juez considera que hubo informes previos alertando de la situación y que por tanto “no era posible desconocer” el reparto arbitrario de fondos en la Consejería de Empleo y que se estaba poniendo en riesgo “el erario de la Junta de Andalucía”. Según el auto, con este sistema se repartieron no menos de 854 millones de euros.

Ambos dirigentes, que estudian recurrir el auto, ya han anunciado que renuncian a su militancia en el PSOE, un paso que se han visto obligados a dar porque el código ético del partido establece la baja obligatoria de aquel afiliado al que se le abra juicio oral. Si son absueltos, recuperarán su carnet. A menos de un mes de las elecciones generales, la decisión judicial afecta a la campaña del PSOE, que tiene en los escándalos de corrupción del PP uno de sus ejes.

El portavoz del comité de campaña, Antonio Hernando, ha intentado subrayar las diferencias entre este asunto y los casos que afectan a los populares. "Manuel Chaves y Pepe Griñán siempre han ido por delante de los acontecimientos. Ya no ocupan ningún cargo y han renunciado voluntaria y temporalmente a su militancia. Nosotros estamos absolutamente convencidos de su inocencia. No se han llevado un céntimo de euro, no tienen cuentas en paraísos fiscales, no han recibido ni sobres ni sobresueldos. Son personas honradas", ha señalado Hernando.

EL AUTO 

El auto de procesamiento también daña el discurso que ha mantenido siempre el PSOE andaluz de que el fraude se reducía a “cuatro golfos” y que nunca actuaron al no tener conocimiento de lo que ocurría. Así, el juez estima que “concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia”.

De esta manera, el juez estima que los expresidentes, seis exconsejeros y diversos viceconsejeros y directores generales son “responsables de generar, implantar, mantener e impulsar” entre los años 2000 y 2011, y desde el gobierno de la Junta de Andalucía, un procedimiento específico que “eludiendo los controles establecidos y a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtuvo fondos públicos y estableció el modo de gastar estos caudales públicos de manera arbitraria y discrecional”. Todos los pagos discrecionales salieron de la partida 31-L, dotada con al menos 854 millones de euros, aunque en otras piezas de la causa se estima que el dinero fraudulento alcanzaría los 140 millones de euros, entre las prejubilaciones de intrusos, las sobrecomisiones cobradas por los sindicatos y mediadoras y las ayudas directas cobradas y no solicitadas.

ALERTAS DESDE EL 2005

En el caso de Griñán (en su calidad de exconsejero de Hacienda), el juez Martín argumenta que desde el 2005 conocía los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía en los que se advertía de que el director general de Trabajo, Javier Guerrero, estaba otorgando ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, “y no hizo nada para evitarlo”. La pena a la que se enfrenta según el Código Penal oscilaría entre los 4 a 8 años de cárcel.

Asimismo, el juez encausa a Chaves y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, junto a otros cinco exaltos cargos, al considerar acreditado que disponían “ilegalmente, y con conocimiento de ello, de fondos públicos”. Les responsabiliza además de “haber instaurado y mantenido un sistema para la concesión de ayudas y subvenciones contrario a derecho, así como para dotar de fondos al mismo de manera irregular”. El auto recuerda que el delito de prevaricación no conlleva penas de cárcel pero sí la inhabilitación para empleo o cargo público durante 7, 10 o más de 10 años.