La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se está reuniendo estos días con los nueve concejales investigados en el 'caso Taula', que investiga la supuesta trama de blanqueo derivada del 'caso Imelsa', para exigirles que dejen su acta, tal como se habían comprometido si al levantarse el secreto del sumario, seguían imputados. Sin embargo, los ediles se resisten y mantienen su inocencia y que la acusación no está lo suficientemente sustentada. 

Ante esta resistencia, la dirección conservadora, cuyo objetivo es distanciarse al máximo de los episodios de corrupción que tanto daño han hecho al PP regional, les ha dado un ultimátum: el próximo lunes se reunirá el comité de derechos y garantías valenciano y se les dará un plazo, al cabo del cual, si no entregan sus actas, se les abrirá un expediente disciplinario que podría finalizar en la expulsión. 

De momento, Boning les está comunicando verbalmente que si no renuncian a su acta "se seguirá los procedimientos estatutarios para su baja", según fuentes cercanas a la presidenta. La dirigente regional se reunió precisamente el miércoles con la secretaria general, Dolores de Cospedal, en Madrid, para fijar la estrategia a seguir un día después de que la dirección nacional decidiera abrir expediente informativo contra la cincuentena de cargos investigados, entre ellos Rita Barberá. Este proceso sancionador sería paralelo al que se abriese en Valencia.