ERC avala los conciertos a las escuelas que segregan por sexo

Junts pel Sí suma sus votos a los del PP para eludir el jaque a los colegios del Opus

Esquerra dice estar a favor de acabar con las ayudas pero no con la vía elegida por Sí que es Pot

Oriol Junqueras, Neus Munté y Carles Puigdemont, ayer en el Parlament. / FERRAN SENDRA

Hay un puñado de asuntos sobre las que el común de la ciudadanía se posiciona casi de manera intuitiva o visceral. Esas cuestiones que sirven para fijar una línea divisoria entre la llamada derecha y la llamada izquierda. En materia social, el aporte de dinero público a escuelas, todas religiosas, que segregan a sus alumnos por razón de sexo sería uno de esos asuntos. Es decir, un elemento ideal si hubiera la intención de dividir a un grupo parlamentario que une a un partido de izquierda (ERC) con otro de difícil adscripción (CDC), y más ahora que anda en tareas de refundación. Catalunya Sí que es Pot ha intentado este miércoles, con su propuesta de ley para la eliminación de los conciertos a estas escuelas, la mayoría del Opus Dei, dividir de nuevo el voto de Junts pel Sí. Sin conseguirlo. Los 62 diputados de JxSí, es decir, también los de ERC y los independientes, y los 10 del PP votaron en contra de la propuesta de los podemistas-ecosocialistas. La propuesta detiene, pues, su tramitación.

El principal motivo que ha alegado la que fuera 'exconsellera' con el tripartito y hoy diputada y secretaria de la Mesa del Parlament, Anna Simó, es que la proposición de ley de Sí que es Pot, que se ampara en sendas sentencias del Tribunal Supremo del 2012, ha quedado ya superada por la nueva normativa que "la mayoria absoluta del PP" desarrolló para blindar, precisamente y entre otros motivos, estos conciertos. Se ha referido, en concreto, a la LOMCE, la llamada 'ley Wert' que, a juicio de Junts pel Sí, da visos de éxito a cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional que se pudiera derivar de la eventual aprobación de esta ley.

'NO' A MODIFICAR LA LEC

Fuentes republicanas señalaron más tarde que la propisicón de ley de Sí que es Pot pedía que se modificara la ley de educación de Catalunya (LEC), del 2009. Y que Junts pel Sí se presentó a las elecciones con un programa que preveía "mantener y desplegar la LEC mientras no se disponga de una ley de educación de Catalunya que incorpore todas las competencias educativas que corresponden al Estado español". Es decir, cuando Catalunya sea independiente.

Simó ha defendido el voto de su partido tras la explícita petición de apoyo de la podemista Jèssica Albiach a los diputados republicanos e independientes. "PP y CDC son la misma derecha, igual de conservadores y elitistas. Os invitamos a votar de forma diferenciada a CDC y PP", ha solicitado Albiach. Además, en su intervención, la diputada aseveró que "las 16 escuelas del Opus Dei que segregan por género cuestan a al Generalitat 30 millones anuales". Como ha recordado la diputada de Si que es Pothace dos años Simó estaba por la suspensión de estos conciertos y ERC votó a favor de una proposición de ley con el mismo objetivo promovida por el PSC.

Ya en el turno de alusiones, la propia 'exconsellera' se ha reafirmado en su oposición a que estas escuelas cobren del erario público y, por eso, ha dicho, una veintena de diputados JxSí (de ERC y allegados, se deduce) han registrado una propuesta de resolución que, mantienen, obra el mismo efecto sin que ello signifique modificar la ley catalana. En concreto, abogan por dejar sancionado que, cuando se finalice el periodo concertado actual, no se renovarán las ayudas. Y abren la puerta a una división del voto en la coalición independentista.

Inicio de la ponencia de la desconexión tributaria

El presidente de la comisión parlamentaria de Economia i Hisenda, Antoni Castellà, ha convocado para este jueves, en cuanto finalice la sesión plenaria, una sesión con el fin de nombrar la ponencia conjunta que debe elaborar el texto de la proposición de ley de la administración tributaria catalana. Es esta una de las llamadas tres leyes de la desconexión, junto la que atañe a la creación de la seguridad social catalana, que se creará el 31 de marzo en la comisión de Treball y la que regulará la transitoriedad jurídica (en manos de la de Governació) una vez se proclame eventualmente la independencia y, por tanto, no se esté bajo el paraguas legal del Estado español.