El Gobierno de Mariano Rajoy está dividido sobre si debe o no acceder que el Congreso ejerza el control sobre la actividad y decisiones del poder Ejecutivo, ahora en funciones. Así, este jueves salió a la palestra el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón –mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría- a anunciar que no se permitirá en estas circunstancias. Es una posición que se aferra al ‘legalismo’ y a precedentes que existen en Parlamentos como al andaluz o el catalán, entre otros. Pero según parece no todos los ministros comparten la premisa, como admitió la propia Santamaría al decir que algunos de sus compañeros estarían “encantados” de comparecer.

De hecho, después de que los grupos de la oposición se hayan quejado de esa negativa a rendir cuentas a las Cortes, el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseveró en TVE que no comparte el criterio de la vicepresidenta (a quien apuntó como responsable de la decisión), aunque lo acata, mientras que el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, sostiene que lo mejor sería consultar al Constitucional qué hay que hacer, por ejemplo, ante un asunto como una Cumbre europea en el que se toman decisiones. Sin embargo un informe que La Moncloa ha elaborado al respecto señala como vía jurisdiccional adecuada para dirimir posibles diferencias la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

“No estaríamos hablando de un juzgado, estaríamos hablando en todo caso de un conflicto de jurisdicción entre dos poderes del Estado, que sería el Ejecutivo y el legislativo. Si el poder legislativo considerara que hay fundadas razones para exigir que el presidente compareciera y en su caso tuviera su aprobación para poder acudir a ese Consejo Europeo, estaríamos ante un conflicto que debería dirimir el Tribunal Constitucional", afirmó Fernández Díaz en RNE.

EL IMPULSO Y LA COHERENCIA

Por su lado, García-Margallo admitió que él, personalmente, estaría dispuesto a informar al Congreso de lo que afecta a su departamento. "Si la secretaría de Estado [de relaciones con las Cortes] dice que debo ir, mi voluntad es jugar siempre, pero saldré cuando el entrenador me saque", recalcó. Y en ese contexto recordó que es la vicepresidenta "quien decide cuándo salen los jugadores al terreno y cuando se quedan en el banquillo". "Yo soy bastante impulsivo y hay que frenarme de vez en cuando", bromeó.

Fuentes gubernamentales puntualizan que la "disposición" de Margallo no supone una excepción -aunque él ha optado por hacerla pública- sino una voluntad "compartida" por "todos los ministros" que, según estas fuentes, no tendrían ningún problema en comentar las actividades propias de su área en sede parlamentaria. Sin embargo, desde la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se les ha indicado que eso no es posible por entender que constituiría "un fraude" constitucional, añaden.  

Se le preguntó por la cuestión a Santamaría tras el Consejo de ministros. Insistió en que los populares que siguen ocupando La Moncloa saben que están en funciones y no adoptan decisiones “políticas” y que, por tanto, no deben ni pueden someterse al control de las Cortes actuales. “Nosotros tenemos la confianza de las Cortes anteriores no de las actuales”, recordó la también portavoz gubernamental.

Así, ha demandado "coherencia" a la oposición que pide que el Ejecutivo acuda a consensuar una posición común antes de ir a Bruselas, precisamente por estar en funciones, y después pretende someter a sus miembros al control como si tuvieran capacidad política, ha dicho. Para justificar su postura, además de informes propios, esgrimió uno del parlamento andaluz que se pronuncia en esta línea y el hecho de que en Catalunya no hubiera control al Govern en funciones de Artur Mas.