EL 'CASO IMELSA'

El juez inicia los trámites para imputar a Rita Barberá

El Senado traslada al Supremo la petición para acreditar la condición de aforada de la exalcaldesa

El PP apela a la presunción de inocencia y pide "esperar" a saber de qué se la acusa

Rita Barbera / MIGUEL LORENZO

La imputación de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá Rita Barberá está cerca. La Mesa del Senado ha acordado este martes trasladar al Tribunal Supremo la solicitud de certificación acreditativa de la condición de senadora de Barberá formulada por el juez que instruye el 'caso Imelsa' para determinar si es competente para investigarla.

Este martes, en un error de procedimiento, el juez de instrucción número 18 de Valencia había dirigido un escrito al  presidente del Senado, Pío García-Escudero, en el que pedía que acreditase la condición de aforada de Barberá, lo que le impediría investigarla y le obligaría a remitir la causa al Supremo.

Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara alta, Pedro Sanz, ha explicado tras la reunión de la Mesa que "no corresponde al Senado contestar al juzgado" y que es el Supremo el que debe comunicar al órgano judicial inferior si la exalcaldesa valenciana ostenta o no la condición de senadora.

Así lo han confirmado también fuentes del alto tribunal, que explican que el magistrado debería enviar una exposición razonada con los motivos por los que considera que Barberá debe ser citada a declarar como imputada, informa Margarita Batallas. Si el asunto prospera, el Supremo deberá entonces solicitar al Senado un suplicatorio para que la exalcaldesa pueda ser juzgada.

LAS PESQUISAS

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos, el blanqueo de capitales y su posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia. Este mismo martes, la cadena SER avanzaba que la Fiscalía Anticorrupción iba a solicitar al juez la imputación de Barberá ante las sospechas de que la exedil hubiera podido participar en el blanqueo de 50.000 euros de la caja b de Valencia.

El expresidente valenciano Francisco Camps puso este lunes la mano en el fuego por Barberá, Alfonso Grau y por "todos los españoles" que no tengan una sentencia firme, incluidos --añadió-- los líderes de Podemos Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias.

LA REACCIÓN OFICIAL

El portavoz parlamentario de los conservadores, Rafael Hernando, ha considerado que Barberá "puede ser inocente" y por tanto conviene no apresurarse y aguardar a que se levante el secreto de sumario. Según su criterio, esto no es incompatible con la necesidad de actuar con "contundencia" ante la corrupción, porque una vez se sepa de que se le investiga, la senadora deberá "tomar medidas y dar explicaciones claras".

El propio Mariano Rajoy, el lunes en una entrevista en 13 TV, señaló: "No sé de qué se acusa a Rita Barberá porque el sumario es secreto. ¿Y yo tengo que emitir un juicio y tengo que expulsar a Barberá? Hombre, deberíamos saber al menos de que es de lo que se la acusa. Es que no es tan fácil".

Sin embargo, esta posición de prudencia choca con la postura más intransigente que se ha mantenido con otros dirigentes que no tienen tanto peso y trayectoria en el PP como Barberá. Incluso contradice la actitud mantenida por algunos dirigentes sobre el caso que afecta a la exalcaldesa de Valencia. El portavoz conservador Pablo Casado pidió  a la senadora que "piense si aporta algo" al partido porque "hay vida fuera de la política".

Nueva entrada de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Valencia

Mientras se iba encauzando la situación judicial entorno a la exalcaldesa, el Ayuntamiento de Valencia recibía este martes una nueva visita de la Guardia Civil. En esta ocasión, varios agentes se han personado en el consistorio pasadas las 13 horas para recabar documentación sobre la organización de la Mostra de València Cinema del Mediterrani del año 2006. En aquella época,  su responsable política era la entonces concejala de Cultura  María José Alcón, la actual esposa de Alfonso Grau y detenida en la 'operación Taula' y puesta en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Las adjudicaciones para celebrar la Mostra están bajo la lupa del caso. Alcón hablaba de ellas en las conversaciones grabadas por Marcos Benavent, el arrepentido exgerente de la empresa pública Imelsa.