Pedro Sánchez pisa el acelerador. El líder del PSOE tiene muchas dificultades (tanto aritméticas como internas en su propia organización) para conseguir llegar a la Moncloa con sus 90 diputados, pero cada día aclara un poco más cuáles son sus intenciones para alcanzar ese fin. Si el lunes explicó que su hoja de ruta pasa por pactar con Podemos y Ciudadanos (el partido tardó poco en decirle que no), este martes, durante la primera reunión de los parlamentarios socialistas, el secretario general esbozó todo un programa de gobierno.

Es Mariano Rajoy quien como ganador de las elecciones debe ahora intentar su investidura, pero la concreción del plan de Sánchez será muy rápida. El miércoles, día en el que se constituye el Congreso de los Diputados, Sánchez registrará 15 iniciativas legislativas. 

EL CATÁLOGO DE PROPUESTAS

Las 15 iniciativas suponen una enmienda a la obra del PP durante la pasada legislatura y tienen un pronunciado calado social. Son estas: derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores; subir el salario mínimo a 1.000 euros en ocho años; anular la LOMCE y poner en marcha de un nuevo acuerdo educativo; pacto contra la violencia de género; recuperar el carácter universal de la salud; aprobar un "ingreso mínimo vital" para los hogares más necesitados; reformar sistema de voto rogado; reconstruir el pacto de Toledo sobre las pensiones; garantizar la neutralidad de RTVE; aprobar de una reforma fiscal; desarrollar del vigente "acuerdo por la ciencia"; modificar de la ley de enjuiciamiento criminal del PP; aprobar una ley contra la pobreza energética; prohibir los indultos por delitos relacionados con la corrupción y, por último, reformar el reglamento del Congreso para abrir la Cámara baja a la sociedad.

El propio Sánchez es consciente, según su entorno, de que tiene muy complicado alcanzar un acuerdo para llegar al Gobierno. Pero subraya que debe intentarlo. Primero, porque quizá lo consiga. Segundo, para que no cunda la sensación de que si se repiten elecciones es por culpa del PSOE. Tercero, porque su núcleo duro considera que por el camino puede desgastar a Podemos, que estuvo cerca de rebasar al PSOE, si el partido de Pablo Iglesias no cede en su pretensión de celebrar una consulta en Catalunya. Y cuarto, porque su insistencia en un "pacto progresista" también le granjea el favor de la militancia socialista, algo indispensable si hay nuevos comicios y él debe enfrentarse en una primarias a otro dirigente del partido (se continúa hablando de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz) para repetir como candidato. 

DERECHO A DECIDIR "DE TODOS"

"Vamos a intentar construir el cambio, un cambio progresista para un Gobierno progresista, que es lo que han votado los españoles", señaló Sánchez a los diputados, eurodiputados y senadores del PSOE, reunidos en el Congreso. "Los españoles dijeron el pasado 20 de diciembre que querían cambio. El 70% no votó al PP, que en el 2011 había cosechado mayoría absoluta. El segundo mensaje es que el cambio tiene que ser progresista, de izquierdas", continuó el líder socialista, en una interpretación de los resultados que ha sido contestada por los barones de su partido, que dudan de que las urnas certificaran un vuelco a la izquierda.

"Aquí es donde el PSOE cobra todo su protagonismo. Somos el único partido que tiene esa capacidad de diálogo. Todos los ojos se dirigen a nosotros. No vamos a confrontar, vamos a convocar. No vamos a teñir el espacio político de líneas rojas", argumentó el secretario general, dejando de lado que el PSOE aprobó a finales del año pasado un documento en el que exigía a Podemos su renuncia al referéndum en Catalunya sobre la independencia antes de sentarse a negociar. La posición de Sánchez tras el pacto entre Junts pel Sí y la CUP sigue siendo la que tenía antes. "Queremos el derecho a decidir, pero de todos. Que todos los españoles voten. No queremos fracturas, sino liderar un nuevo acuerdo", dijo. Es decir, una reforma de la Constitución en un sentido federal, que entre otras cosas debería, según la propuesta del PSOE, reconocer hechos diferenciales, blindar competencias autonómicas y transformar el Senado.