El Tribunal Constitucional ha sugerido a Catalunya que plantee una reforma constitucional para encauzar sus aspiraciones políticas de desconexión del Estado, en la sentencia en la que anula la declaración de ruptura por estar "en absoluta contradicción con la Constitución y el Estatut". Los jueces sostienen que la Carta Magna "no constituye un texto jurídico intangible e inmutable".
La sentencia, aprobada por unanimidad, subraya que la declaración del Parlament es "un acto parlamentario que tiene indudable naturaleza jurídica". Y señala que con esta resolución, la Cámara catalana excluye "la utilización de cauces constitucionales para la conversión en un Estado independiente de lo que hoy es la comunidad autónoma de Catalunya".
Las claves de la noticia
- Un acto jurídico. La sentencia afirma que la declaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya es un "acto parlamentario que tiene indudablemente naturaleza jurídica". También sostiene que "es la manifestación de la voluntad de la Cámara de inicio de un determinado proceso político de secesión", independientemente del resultado del mismo. Asimismo, afirman que esta declaración tiene "indiciariamente capacidad para producir efectos jurídicos". Y que se la puede considerar como "el acta fundacional del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de República".
- Contrario a la Constitución. Los jueces consideran que la cámara catalana con este declaración de desconexión del Estado "está excluyendo la utilización de cauces constitucionales para la conversión en un estado independiente de lo que hoy es la comunidad autónoma de Catalunya". Y lo hace en contra de la Constitución y del Estatut de Autonomía. También señala que esta declaración "trastoca la legitimidad del Parlament de Catalunya que la Constitución le reconoce y ampara". Y niega "la soberanía nacional" que solo reside en el pueblo español "de manera exclusiva e indivisible".
- Reforma Constitucional. El Tribunal Constitucional reconoce que la Carta Magna no es una ley eterna y que puede proponerse "su revisión total". Los jueces sostienen que esta es la única vía para plantear estas aspiraciones. "Otra cosa supondría liberar al poder público de toda sujeción a derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos". También recuerda que la reforma constitucional puede ser solicitada o propuesta por las asambleas de las comunidades autónomas. Y que la misma está reconocida en la Carta Magna.
También afirma que esta declaración "supone la negación de la soberanía nacional". Y es que "contrapone el supuesto mandato democrático [tras las elecciones del 27-S] a la legalidad y la legitimidad de las instituciones del Estado". Los jueces también consideran que con esta actuación, la Cámara catalana "trastoca la legitimidad" que le "reconoce y otorga" la Constitución, y "vulnera normas constitucionales que residencian en el pueblo español y en la soberanía nacional". Por ello, le reprocha que pretenda "ser fundante de un nuevo orden político liberado de toda atadura jurídica".
REVISIÓN TOTAL
Por ello, los magistrados proponen que encaucen sus aspiraciones políticas por la vía de la reforma constitucional. "Como ley superior, no pretende para sí la condición de 'lex perpetua'", explican. Añaden que la Carta Magna "admite y regula su revisión total", y recuerdan que estas modificaciones pueden ser solicitadas o propuestas por las asambleas de las comunidades autónomas.
Además, el fallo matiza que todas las aspiraciones políticas tienen cabida en una reforma de la Carta Magna "siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos". También advierten de que, "cuando se pretenden alterar aquellos contenidos de forma unilateral y se ignoran de forma deliberada los procedimientos previstos en la Constitución, se abandona la única senda que permite llegar a ese punto, la del derecho".
Además, los jueces recuerdan a los cargos públicos (a los que no advierten de las consecuencias del incumplimiento de esta sentencia) que tienen "un cualificado deber" de respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Los magistrados también aclaran que han resuelto este debate con "prioridad" por su " trascendencia constitucional".
LAS REACCIONES
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que este fallo demuestra que "todos los españoles somos iguales ante la ley y que nadie está por encima de ella". En un sentido muy diferente, la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, advirtió de que este fallo "no detiene la voluntad política expresada por el Parlament". Por su parte, la CUP abogó por "la desobediencia" en su cuenta de Twitter. Francesc Homs (Democràcia i Llibertat) criticó al Gobierno central por "excusarse en las faldas de un tribunal que controlan". Gabriel Rufián (ERC) afirmó que la sentencia está en contra "de un mandato popular". Carme Chacón (PSC) pidió a Artur Mas que acate este fallo y Albert Rivera (Ciudadanos) celebró la resolución por frenar "una barbaridad jurídica y politica".