A mediados de octubre, y tras casi una semana de ley del silencio ante la prensa, la CUP organizó un acto den la UPF en la que desveló que había elaborado un plan de choque contra la pobreza basado en 39 medidas, más otras 15 referidas a las privatizaciones. Este jueves, la fuerza anticapitalista ha difundido un documento, 'Fil a l'agulla', en el que detalla sus propuestas.

Las 39 propuestas sociales se estructuran en bloques y combinan peticiones sobre la pobreza energética y la dotación de 95 millones de euros para el Servei Públic d'Ocupació con la "garantia de acceso a la tierra para cultivar alimentos para el autoconsumo mediante la constitución de bancos de tierras de carácter público", por ejemplo.

En el capítulo de las privatizaciones, la CUP pide frenar la venta de Aigües Ter-Llobregat y de la Agència Catalana de l'Aigua, así como la retirada definitiva de los proyectos "privatizadores" del Consorci Sanitari de Lleida, entre otros. 

En cuanto al frente judicial, la CUP pide que la Generalitat se retire como acusación de todos los procesos abiertos por casos de "persecución política, disidencia o desobediencia a leyes injustas". Asimismo, reclama, en el apartado de la lucha contra la corrupción, que se dote de expertos en materia económica y financiera a los Mossos d'Esquadra.