Junts pel Sí y la CUP han registrado este viernes en el Parlament un anexo a la propuesta de declaración de inicio del proceso de independencia. Los dos partidos soberanistas han vuelto a llegar a un acuerdo para desarrollar el octavo punto de dicho documento, en el que se habla de acatar únicamente los mandatos de la Cámara catalana, y con esa ampliación pretenden "blindar derechos fundamentales" con acciones en defensa del decreto contra la pobreza energética, del modelo de inmersión lingüística, de la sanidad pública y de los refugiados.
El anexo, que consta de cuatro páginas, insta también a no poner en práctica la ley estatal de seguridad pública (la 'ley mordaza'), a dejar "sin efectos" la ley de la Administración local y a defender el derecho al aborto. Asimismo, aboga por acometer medidas de "acceso a una vivienda digna" y por establecer una financiación de un plan de choque social y de gestión de la deuda.
En definitiva, según ha subrayado el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, se trata de demostrar "que la independencia va de eso, de garantizar los derechos de las personas y que estas puedan vivir mejor". Más concretamente, lo que pretende el documento es dejar claro que el futuro Govern de la Generalitat aplicará las leyes aprobadas en Catalunya aunque hayan sido bloqueadas por el Ejecutivo central vía Tribunal Constitucional y que, en cambio, hará caso omiso de aquellas normativas estatales que puedan chocar con las impulsadas desde el Parlament. Por ejemplo, la 'ley Wert' de educación. El documento, sin embargo, se guarda de emplear términos como "desobediencia".
DESVINCULADO DE LA INVESTIDURA DE MAS
El número uno de la CUP en el Parlament, Antonio Baños, ha insistido en esa tesis y ha agregado que esa propuesta de resolución lo que pretende es evitar con la independencia que el "Estado español siga torpedeando los derechos fundamentales de los catalanes". El dirigente de la fuerza anticapitalista, sin embargo, ha vuelto a insistir en que ese acuerdo no está vinculado al debate de investidura. Es decir, que no cambia su postura en torno a facilitar la reelección de Artur Mas como presidente de la Generalitat.