El PSOE enfría la propuesta de un pacto fiscal solo para Catalunya

La apuesta del PSOE por un pacto fiscal para Catalunya ha tenido un recorrido corto. En las últimas semanas, con las elecciones autonómicas del 27 de septiembre a la vuelta de la esquina, la dirección socialista había abierto la puerta a un sistema de financiación específico para la comunidad autónoma, pero su iniciativa ha tenido una acogida interna tan escasa, con la mayor parte de los líderes territoriales abiertamente en contra, que el partido ha decidido ahora enfriarla. El modelo de financiación que propondrá dentro de su reforma de la Constitución será genérico, en los términos que ya aprobaron hace dos años con Alfredo Pérez Rubalcaba como líder, y no contendrá un sistema especial para los catalanes, algo que propone el PSC.

Las palabras del portavoz en el Senado, Óscar López, que se mostró dispuesto a "hablar" sobre el pacto fiscal, y del secretario de organización, César Luena, que dijo que había que "impulsar" este instrumento (en principio para Catalunya, pero no descartó que se aplicase también a otras comunidades), se quedarán en nada en la hoja de ruta para cambiar la Constitución que ultima el principal partido de la oposición como gran apuesta cara a unas elecciones catalanas que el Govern quiere celebrar en clave plebiscitaria, sobre la independencia.

"JUSTO" Y "PARA TODOS"

Fuentes cercanas a Luena explicaron este lunes que descartan un sistema en el que Catalunya sea tratada de forma distinta, y que el modelo que propondrán será el mismo para todas las autonomías que carecen de su propio concierto. Poco después, el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, explicó que el PSOE estaba "a favor de un nuevo sistema de financiación que sea más justo para todas las comunidades" y que "asegure la igualdad".

El PSOE pisa un terreno delicado con el discurso territorial. Quiere dejar claro que su respuesta al auge del independentismo en Catalunya no es la misma del PP, basada en el "inmovilismo", y que está dispuesto a una reforma constitucional que contemple también, más allá del federalismo, nuevos derechos, el "blindaje" del Estado social y la reforma de las instituciones para "mejorar la calidad democrática". Pero cualquier posible diferencia de trato entre las autonomías acaba provocando roces. Para evitarlos, la dirección socialista, que no llevará su planteamiento de reforma constitucional en el programa a las generales para propiciar el consenso y mostrar que se trata de una fórmula "abierta", insiste en que el sistema autonómico ya es "asimétrico", y que su esfuerzo pretende garantizar la "igualdad" dentro de la "diversidad".

LA ORDINALIDAD

El planteamiento final sobre la financiación y el reconocimiento de Catalunya, señalan en la ejecutiva del PSOE, "irá en la línea de la Declaración de Granada", que Rubalcaba pactó en la ciudad andaluza con los secretarios generales en julio del 2013. El documento defiende las "singularidades" de la autonomía, aboga por reconocer sus "hechos diferenciales" (cita los recogidos por el Estatut en su artículo 5) y reclama la aplicación del principio de ordinalidad, es decir, que la contribución interterritorial no coloque, según definió el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la ley fundamental catalana, en "peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia".

La financiación, en cualquier caso, no es el único de los asuntos potencialmente conflictivos que deberá sortear el secretario general y candidato de los socialistas, Pedro Sánchez, quien piensa volcarse en la campaña del 27 de septiembre, con actos a un ritmo casi diario. El reconocimiento de Catalunya como nación, algo que reivindica el PSC, y las competencias de las autonomías también pueden levantar ampollas, tanto si se da el paso como si no. Hace unas semanas, en Barcelona, Sánchez propuso "conseguir un autogobierno de mayor calidad en las comunidades que tengan vocación de autogobierno". Hasta ahora, para no herir sensibilidades, ha evitado concretar a qué territorios se refería.