En Catalunya hay abiertos 764 procedimientos judiciales vinculados con el fraude fiscal. De ellos, 695 se acumulan en Barcelona; en Girona existen 42, en Tarragona, 15, y en Lleida, 12, según informó ayer en la 'comisión Pujol' el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada. A partir de ahí, el representante del ministerio público evitó profundizar más en los datos y con un «me abstengo de responder» sorteó las preguntas más conflictivas de los diputados, tanto las referentes a la familia del expresidente de la Generalitat como las relacionadas con la situación de la justicia y sus vínculos con la política. Alguna mención a las tardanzas de la justicia fue el mayor reproche que lanzó el fiscal superior en la Cámara. El resto del tiempo lo dedicó a defender a su institución y las «buenas relaciones» con la Generalitat.
Como era de prever, la querella que la fiscalía interpuso contra el 'president' Artur Mas y contra las 'conselleres' Irene Rigau y Joana Ortega a cuentas de la consulta del 9-N también apareció varias veces durante el interrogatorio. Romero de Tejada avisó de que no hablaría «nada» sobre la cuestión, pero su presencia sirvió para que Meritxell Borràs (CiU) y Oriol Amorós (ERC) lanzaran sospechas sobre la «vecindad» entre la política -léase Gobierno central- y el ministerio público o para que Carlos Carrizosa (Ciutadans) preguntara si el delito de malversación de caudales públicos -uno de los que se atribuyen a Mas, Ortega y Rigau- podría ser calificado de corrupción.
CONSULTA Y «FISCALES AMIGOS»
«Imparcialidad y legalidad». Esos fueron los mandamientos que según el fiscal superior rigen en su institución. Y acogiéndose a ellos quitó hierro también a aquella expresión del «fiscal amigo» que algunos grupos recordaron que dijo la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, en la grabación de La Camarga. «Yo tengo amigos abogados, arquitectos... pero el fiscal sigue el principio de legalidad e imparcialidad [...]. No podemos estar sometidos al albur de lo que se diga; estaríamos todo el día abriendo investigaciones», reiteró.
Por lo demás, las otras comparecencias previstas quedaron en nada. María Jesús Muro, de Iberaudit Kreston, y Pedro Navarrete, expresidente de Sony España, se negaron a hablar sobre su relación con el 'caso ITV'. Alejandro Guerrerro, de Life Mataró, ligado a negocios y comisiones con Jordi Pujol júnior, también optó por guardar silencio, mientras que Ricard Tubau y Rafael Gascó, presidente y consejero delegado de Andbank España, respectivamente, ni siquiera comparecieron.