El Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado las diligencias abiertas el pasado febrero a los 33 magistrados y jueces catalanes firmantes del 'Manifiesto por el derecho a decidir'. Concluye que los magistrados perseguían solo trasladar a la ciudadanía "una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político". Una actuación que queda amparada, subraya, por los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de opinión que recoge la Constitución, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El promotor señala, pues, que no se puede mantener la imputación de ilícitos sancionadores y archiva la información previa. No obstante, considera que, en el plano de la deontología profesional, su actuación es censurable porque viene a menoscabar la confianza de los ciudadanos en la judicatura, esencialmente "porque parten de una afirmación que carece de todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional".

Esto se da cuando, añade, "en forma implícita, vienen a reconocer a Catalunya la cualidad de sujeto jurídico y político soberano al afirmar tajantemente: 'Hay que partir de un hecho que --pensamos-- no admite discusión: Catalunya es una nación'... 'Este hecho --la realidad nacional de Catalunya-- radica en la base de la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006'"".

El acuerdo se ha notificado tanto a los firmantes del manifiesto como al denunciante, Miguel Bernad, que actuó en representación del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.