Alicia Sánchez-Camacho (PPC), Pere Navarro (PSC), Oriol Junqueras (ERC), Joan Herrera (ICV) y Albert Rivera (Ciutadans); Joan Carles Gallego (CCOO) y Josep Maria Álvarez (UGT), los rectores de nueve universidades catalanas y un largo etcétera de personalidades y ciudadanos suscribieron en febrero del 2013 el decálogo #MásDemocracia, fruto de un amplio debate impulsado por EL PERIÓDICO (entretodos.elperiodico.com). Desde entonces hasta el pasado jueves, el bagaje del Gobierno -y de la Generalitat- en cuanto a medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática se resumía en unos pocos anuncios y muchas menos concreciones. Si la comparecencia de esta semana de Rajoy en el Congreso supone o no un punto de inflexión habrá que irlo viendo. Pero en el mejor de los casos -es decir, que las medidas anunciadas se perfilen, se pongan en práctica y sean eficaces- seguirá quedando mucho por hacer.
Cuantitativamente, Rajoy goleó el jueves a #MásDemocracia: 70 medidas a 32. La mayoría, fiscalizadoras de la actividad de los altos cargos de la Administración y de los partidos, y con un alcance aún por definir, Pero el presidente del Gobierno no habló de varias de las propuestas fundamentales del decálogo. Ni rastro, en especial, de las medidas más propiamente regeneradoras, participativas y destinadas a profundizar en la democratización de la vida pública.
Acceso ciudadano
Algunas de las asignaturas pendientes tienen solera. La reforma de la ley electoral, por ejemplo. #MásDemocracia propuso un sistema mixto: parte de los diputados elegidos por circunscripción y el resto, en lista única abierta. También la reforma de la elección de los órganos constitucionales y los consejos de entes públicos, suprimiendo las cuotas partidistas.
El decálogo apostaba por el acceso ciudadano a instituciones y partidos a través de las tecnologías de la información, y por la formación en valores, tanto en la educación como de los funcionarios públicos. Nada de ello apareció en la batería de anuncios de Rajoy.
En otros ámbitos hay más sintonía, aunque con #MásDemocracia por lo general varios pasos por delante. Por ejemplo, en que la financiación ilegal de los partidos sea delito, aunque el decálogo abogaba por hacer lo mismo con el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos. De acuerdo también en dotar a la justicia y la Agencia Tributaria de más recursos para agilizar las investigaciones y los procesos, Ahí Rajoy sí se estiró un poco y prometió incluso la fijación de «un plazo máximo» (no dijo cuál) para la instrucción judicial. También más mano dura en las inhabilitaciones, las prescripciones y la recuperación de bienes. Y más transparencia en los indultos.
Los partidos, bajo la lupa
El control y las obligaciones de los partidos políticos, tanto en su organización como sobre todo en su financiación, acaparan la mitad exacta -35- de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno. Y sí, hay coincidencias, como la democratización de su funcionamiento, aunque #MásDemocracia pedía primarias y Rajoy solo habló de «fórmulas de participación directa de los afiliados». O la limitación y la mayor transparencia de las donaciones, y también la publicación y fiscalización anual de sus cuentas, si bien el decálogo reclamaba unificar la contabilidad de los partidos y de sus fundaciones y suprimir la distinción entre las partidas electorales y las ordinarias. Rajoy, por su parte, prohíbe que los bancos les condonen deuda e impone el marcaje al hombre a los tesoreros. Y mientras que el pacto ético de los partidos incluido en #MásDemocracia abogaba porque los imputados cesen cuando el juez presente «indicios racionales» de delito, el presidente del Gobierno opta por la suspensión de militancia a quienes se les abra juicio oral y la expulsión de los condenados.
Poco concretó Rajoy, en cambio, sobre la reforma de la ley de contratos públicos: que habrá una nueva regulación, nuevas obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades. Más claro quedaba en el decálogo, que proponía el control independiente y la difusión on line de las adjudicaciones, las ofertas ganadoras y las perdedoras; un límite legal de los sobrecostes, y medidas para perseguir a los corruptores: inhabilitar a los condenados por corrupción para presentarse a concursos.