La fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) abrió ayer diligencias informativas para identificar a los responsables de la organización del 9-N después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el pasado martes la consulta alternativa.

Las pesquisas, iniciadas a instancias del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tratan de determinar si «existen órdenes o instrucciones» del Govern para ceder el uso de centros escolares para votar el 9-N. Por ello, ha pedido al Departament de Ensenyament que informe si «se han convocado reuniones con responsables de centros públicos en los que se solicita la puesta a disposición» de estos espacios para realizar la consulta, según una nota de prensa hecha pública a última hora de ayer.

El fiscal se dirige también al director de los Mossos d'Esquadra para que le facilite, con carácter urgente, la relación de locales o edificios de titularidad pública (institutos, dependencias municipales u otros organismos) en los que vaya a desarrollarse la votación. Y les reclama que identifique a la «persona responsable» de estas dependencias que haya autorizado el acceso «a los delegados de las entidades convocantes».

Además, el ministerio público ha solicitado a la empresa Unipost «la hoja de encargo, contrato y otros documentos» relacionados con la distribución o buzoneo de la propaganda de la consulta, así como el presupuesto y la factura de este servicio. Y que le comunique la persona o entidad que le suministró «el listado de destinatarios o el mecanismo por el que obtuvo dicho listado».

LAS CONSECUENCIAS / Fuentes fiscales informaron ayer de que estas diligencias de investigación no tienen por objeto suspender o prohibir la celebración de la consulta alternativa, ni actuar a lo largo de la jornada de hoy, sino que buscan establecer si se ha podido cometer un delito de desobediencia o prevaricación. «Es para confirmar hechos, no para suspender o prohibir», explicaron las fuentes consultadas.