El Govern ha aprobado este martes interponer un requerimiento de incompetencia contra el Gobierno central por el decreto que obliga al Ejecutivo catalán a correr con los gastos de la escolarización privada de los alumnos que pidan la enseñanza en castellanocastellano. Estos gastos también están previstos en la disposición adicional 38º de la ley de la mejora de la calidad educativa y contra la cual la Generalitat ya presentó recurso.
Si el Gobierno central responde de manera negativa a este requerimiento, que pretende salvar las competencias propias autonómicas, el Govern solicitará el dictamen preceptivo del Consell de Garanties Estatutàries para interponer un posible conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.