La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, da los últimos pasos para cerrar la instrucción y remitirla a instancias superiores. Y para evitar retrasos y quejas, ha pedido al fiscal que indique el tribunal competente para interrogar a los exaltos cargos contra los que dice tener indicios.

La jueza hace referencia así al expresidente Manuel Chaves y a seis de sus exconsejeros durante la etapa 2001-2012, en la que se usó el sistema supuestamente inadecuado para pagar  ayudas a empresas en crisis. Se trata de José Antonio Griñán (entonces responsable de la Consejería de Economía y Hacienda) y Carmen Martínez Aguayo (su sustituta); José Antonio Viera, Antonio Ávila y Manuel Recio (al frente de Empleo) y Francisco Vallejo (en Innovación), y que ya fueron invitados a personarse en la causa.

Al ser senadores y diputados nacionales y autonómicos, las competencias quedarían repartidas entre el Tribunal Supremo y el TSJA, un aspecto que pide aclarar. Asimismo,  pide una fianza de 8,7 millones para la familia Ruiz Mateos por los 22 millones recibidos para cuatro ERE.