Susana Díaz plantea medidas anticorrupción en su debate de investidura

La sucesora de Griñán en la Junta de Andalucía quiere que se prohíban las donaciones privadas a los partidos políticos

Denuncia que el modelo autonómico se enfrenta al "desafío soberanista" de Catalunya

José Antonio Griñán y Susana Díaz. / EFE / JULIO MUÑOZ

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ha asegurado este miércoles durante su intervención en el debate de investidura del Pleno del Parlamento, que va a combatir con todas sus "fuerzas" la corrupción, que es algo que le "avergüenza". Díaz llegará al Ejecutivo andaluz con el escándalo de los ERE fraudulentos todavía en auge, un caso de corrupción que su antecesor, José Antonio Griñán, admitió que había sido uno de los motivos por los que dejaba la Junta.

Díaz ha anunciado varias medidas para combatir la corrupción, como una modificación legal para que se fortalezcan y amplíen la competencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, mejorando su capacidad de control, y promover una reforma legal con el objetivo de prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos, a través de una iniciativa legislativa que se traslade al Congreso de los Diputados.

La candidata también impulsará un "acuerdo político" que comprometa, ya que "legalmente no sería posible", a que los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos de Andalucía presenten también sus declaraciones de renta y de bienes y actividades, aunque tengan separación de bienes, tanto en el momento de su nombramiento como en el del cese.

Susana Díaz ha anunciado que, en la primera reunión institucional que mantenga con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, le propondrá un pacto para la regeneración política del país. "Un pacto amplio, profundo, ambicioso y sincero que regule adecuadamente la limpieza de la vida pública, los compromisos con la ciudadanía, y los mecanismos de rendición de cuentas y de exigencia de responsabilidades", ha señalado Díaz.

En todos los frentes

Preocupada por el desprestigio de la política que mina la credibilidad de las instituciones y socava los fundamentos de la democracia, la candidata a la Presidencia la indicado que la limpieza en la vida pública es "incompatible con la falta de ejemplaridad y desde luego con los casos de corrupción que, aun siendo aislados, escandalizan a la sociedad y deberían abochornarnos a todos". "A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción, rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la Presidencia de la Junta", ha sentenciado Susana Díaz.

Es necesario combatirla, según ha apuntado, en todos los frentes, con más medidas, más controles, más vigilancia y con mejores prácticas. "Combatirla sin descanso con un tesón al menos equivalente al hastío, el cansancio y la indignación de los ciudadanos respecto a este tema", ha expresado.

Por otra parte, Díaz ha asegurado que cuando acceda al Ejecutivo andaluz se opondrá a la reforma local "con cuantos medios jurídicos y políticos estén a su alcance", sin descartar el recurso de inconstitucionalidad. La dirigente socialista, que ha calificado de "auténtico atropello" a la autonomía local y al Estatuto de Andalucía la ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, ha manifestado que es un intento de "desmantelar" el modelo institucional y un "paso en la dirección equivocada" por las consecuencias que tendrá para los ayuntamientos y por su repercusión en el empleo.

La candidata socialista a la Presidencia de la Junta ha apuntado, asimismo, que junto a los intentos de recentralización, el modelo autonómico se enfrenta al "desafio soberanista" de Catalunya, al que dijo que "no puede responderse desde la pasividad o el inmovilismo". Así, y como ya hiciera Griñan, Diaz abogó por una reforma territorial consensuada que modernice el sistema actual sobre el principio de la igualdad de todos los ciudadanos. Un modelo que reconozca, eso sí, a la pluralidad de España, y que permita clarificar competencias y garantizar la financiación de los servicios.