El presidente delTribunal Constitucional(TC),Francisco Pérez de los Cobos, no solo ocultó, en su comparecencia en elSenadoprevia a su designación como magistrado del alto tribunal, que eramilitante del PP. Tampoco reveló que era eladministrador únicode una empresa,Labour Prospectives, cuya labor consiste en la asesoría en materia laboral. De hecho, Pérez de los Cobos sigue siendo el gestor de una sociedad que, según figura en el registro mercantil, en septiembre del 2012 presentó las cuentas del ejercicio 2011.
Si bien a su llegada al Tribunal Constitucional, en diciembre del 2010, comunicó a laAgencia Tributariael cese de la actividad empresarial, según ha podido saber EL PERIÓDICO, no disolvió la misma. Tanto laConstitucióncomo la ley orgánica del Tribunal Constitucional impiden a los magistrados compatibilizar su cargo con una «actividad profesional o mercantil».
Por tanto, si es cierto que el actual presidente no ha llevado a cabo ningún tipo de actividad o asesoría durante este tiempo, no habría incurrido de forma evidente en un supuesto de incompatibilidad. No obstante, según los expertos y juristas consultados, es cuanto menos «poco ético» que el máximo representante de una institución que debería hacer gala de la mayor independencia siga figurando como gestor de una empresa privada y, además, no informara de este asunto en el Senado.
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