sin acelerones pero sin pausa. El Govern de Artur Mas sigue los pasos acordados con ERC para llevar a cabo el próximo año una consulta sobre la autodeterminación de Catalunya. Y lo hace en busca de lo que CiU asume como principal asignatura pendiente del proceso: ampliar el apoyo social. Por ello, ayer creó el Consell Assessor de la Transició Nacional, un órgano consultivo formado por expertos y representantes de las entidades sociales, y, a renglón seguido, propuso a los partidos (los que apoyaron la declaración soberanista del Parlament y los que no lo hicieron) que se avengan a un pacto nacional por el derecho a decidir.
En cuanto al consejo, se trata de un organismo consultivo, que tendrá entre 6 y 12 miembros y que el Govern quiere que brinde asesoramiento durante el proceso. Los integrantes de este organismo, cuyos nombres todavía no están decididos, no cobrarán ni tendrán capacidad decisoria. Será el Ejecutivo en último término el que fije posición.
Junto a este órgano asesor, la intención de la Generalitat es también avanzar en la ley de consultas que permita preguntar sobre la soberanía. La Mesa del Parlament aún no ha puesto en marcha la ponencia conjunta de todos los partidos para elaborar el texto, dado que CiU y ERC no han convencido a ICV-EUiA para que firme también la creación de la ponencia. Los ecosocialistas exigen garantías de que la negociación tendrá como epicentro el Parlament, y que no habrá decisiones unilaterales por parte de los socios de gobernabilidad. CiU y ERC sí tienen ya la firma del PSC. La intención del Govern es que al final del trimestre, la elaboración de la norma esté en marcha y el consejo asesor para la consulta, constituido.
En paralelo, el pacto político ofrecido ayer es un intento, dijo elconsellerde Presidència y portavoz del Govern, Francesc Homs, de que especialmente el PSC -que decidió no avalar la declaración soberanista del Parlament- se suba al carro. El concepto de «derecho a decidir» debería permitir esta incorporación socialista, recalcó Homs, «pero depende de la voluntad que ellos pongan».
DESAFÍO A RAJOY / Si ya se le notó cierta ironía a Homs cuando aludió a la posibilidad de que el PSC se sume al pacto por el derecho a decidir, esta fue aún mayor cuando los periodistas le preguntaron sobre las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer en una conferencia organizada por el semanario británicoThe Economist.En esa intervención, el líder del PP dio por sentado («no se preocupe usted», le espetó a un periodista) que Catalunya seguirá formando parte de España.
También aseguró que no está en contra de modificar la Constitución porque es «perfeccionable», aunque avisó de que previamente hay que saber hacia dónde se quiere ir, lograr un amplio consenso y elegir la oportunidad del momento. Con todo, dijo no entender «por qué se quiere privar a los ciudadanos de Catalunya de España» y se mostró «convencido» de que «la inmensa mayoría de catalanes» apuestan por mantener el actual Estado de las autonomías.
«Pues si [Rajoy] está tan seguro, que haga posible la consulta. Es así de sencillo, en democracia las apreciaciones se dilucidan votando», le replicó el portavoz del Govern. «Nadie le dice que se salte la ley porque él tiene competencias para organizar una consulta sobre el futuro de Catalunya», remató. Y a continuación, insistió en que la declaración de soberanía aprobada por el Parlament aboga en todo momento por seguir los cauces legales.
De momento, el Consell de Transició Nacional no convence a Iniciativa -que apoyó la declaración de soberanía-, y menos aún al PSC. La portavoz ecosocialista, Dolors Camats, juzgó «totalmente prescindible» este órgano asesor y reclamó de nuevo la creación de una comisión parlamentaria para consensuar el proceso del derecho a decidir. El socialista Maurici Lucena abominó del consejo asesor porque «anula la neutralidad» y «confunde deliberada o inconscientemente» el derecho a decidir con la independencia.