Bajo el epígrafe de 'Confidencial', los equipos negociadores de CiU y ERC han estudiado en las últimas semanas un informe del portavoz del Govern, Francesc Homs, fechado el 28 de noviembre --tres días después de las elecciones--, sobre las posibilidades de éxito de la Generalitat si decide recurrir a la Unión Europea para neutralizar un más que probable veto del Estado a la celebración de la consulta de autodeterminación.
La conclusión de este análisis jurídico, basado en los tratados y la jurisprudencia comunitaria, es doble: anteponer la vía política (léase Comisión Europea) a la judicial (léase Tribunal de Justicia de la UE) y plantear la consulta como una iniciativa no vinculante. Dicho en términos jurídicos, subrayar que se trata de una consulta, y no de un referendo.
En las 14 páginas del documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se subraya en numerosas ocasiones la conveniencia de presentar el conflicto como una vulneración del principio de democracia y del derecho de participación política, sobre los que se fundamenta la UE en el artículo 2 del Tratado de la Unión.
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