Gonzalo Moliner Tamborero, que este viernes cumplirá 68 años, es uno de los jueces, de los pocos jueces, que ha cuestionado con mayor dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno deMariano Rajoy con los votos a favor de CiU, UPN y Foro Asturias. Presidente de lasala de lo SocialdelTribunal Supremodesde enero del 2008, poco después de que el Consejo de Ministros ratificara la nueva legislación, él ya advirtió de que cabía la posibilidad de que presentara "alguna cuestión de inconstitucionalidad" ante una normativa que calificó de"tremenda". Ahora, el Gobierno se lo encontraráal frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)al frente del Consejo General del Poder JudicialCGPJ y delTribunal Supremo.
Moliner superó el examen de la carrera judicial en 1969 y empezó a ejercer en el juzgado deMataróen 1970, hasta que en 1973 fue trasladado a Alzira y su provincia natal, Castellón (es originario de Fuente la Reina). Después pasaría por Valencia (tuvo un puesto en la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana de 1990 a 1998 y ejerció de magistrado de Trabajo) y, con los años, empezó a ocupar cargos de mayor relevancia en Madrid, hasta que desde la sala de los Social del Supremo ha saltado al máximo cargo que puede ocupar un magistrado en España, la presidencia del CGPJ.
Al contrario que su predecesor, el conservadorCarlos Dívar, Moliner siempre ha marcado un perfil claramente progresista, como lo demuestra que en 1983 se implicó en el proceso de fundación deJueces para la Democracia, siendo uno de los miembros del secretariado en la asamblea constituyente de esta asociación. No es de extrañar, por tanto, que manifestara que la reforma laboral produce un "desequilibrio" en la relación entre el trabajador y el empresario "y devalúa el derecho del trabajo en sí mismo".
"Avalancha" de recursos
Sobre la nueva legislación laboral, Moliner también consideró que esta provoca una "importante limitación de la autonomía sindical, lo que supone una devaluación del derecho del trabajo en cuanto derecho compensador de las desigualdades". No obstante, para atemperar un poco los ánimos, quiso advertir de que la reforma "no puede ser descalificada sin más, ya que se produce en un momento de crisis económica brutal, y es posible que esta situación justifique una normativa de igual gravedad para contrarrestarla".
A pesar de estas matizaciones, dudó de la capacidad de la nueva normativa para "contribuir de alguna manera a salir de lacrisis" y auguró que la reforma laboral puede generar una "avalancha" de recursos en la sala de lo Social del Tribunal Supremo.