La Generalitat tiene encima de la mesa un nuevo órdago del Gobierno central contra el autogobierno. El Ministerio de Hacienda ha decidido emprender la vía judicial para neutralizar uno de los impuestos más controvertidos del Ejecutivo catalán: el euro por receta. A pesar de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, no descartó exportar la medida al resto de España si la mayoría de las autonomías lo solicitaban, y a pesar de que el PPC negoció, pulió y avaló el tributo en el Parlament, el departamento que dirige Cristóbal Montoro considera ahora que el gravamen invade competencias estatales y emplaza al Gabinete de Artur Mas a negociar una solución para evitar un recurso de inconstitucionalidad.

Hacienda ha dado un ultimátum a la Generalitat. En un requerimiento remitido el pasado 28 de mayo, el ministerio insta al Govern de CiU a convocar, antes del 14 de junio (pasado mañana), la Comisión Bilateral de Cooperación para tratar de resolver de mutuo acuerdo el conflicto de competencias. La discrepancia radica en tres artículos del segundo plan de ajuste catalán, aprobado en marzo con la abstención clave del PPC. El más importante es el artículo 41, que fija el copago farmacéutico. El Ejecutivo central recuerda que «corresponde al Estado la competencia de bases y coordinación general de la sanidad y la competencia exclusiva de legislación sobre productos farmacéuticos».

El requerimiento se apoya en la ley general de sanidad, de 1986, que fija que el acceso y las prestaciones sanitarias deben realizarse «en condiciones de igualdad efectiva», y en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), del 2004, que habla de un «mínimo igualitario en todo el territorio nacional» que proporcione unos «derechos comunes a todos los ciudadanos». Pero Hacienda se remonta más atrás aún, a 1982, cuando el alto tribunal enmendó el apartado sanitario de la ley del Parlamento vasco y dictaminó que Euskadi no podía asumir «ninguna competencia normativa de ordenación de los productos farmacéuticos».

APLICACIÓN COMPLEJA / Precisamente, la Conselleria de Salut comenzó a alertar la semana pasada de que estaba estudiando retrasar la entrada en vigor del euro por receta, prevista para el 23 de junio, al 1 de julio, atendiendo así la petición del gremio de farmacéuticos, que avisó de la «gran complejidad» que comporta la implantación del nuevo sistema. Ayer, elconsellerBoi Ruiz, aseguró que ya lo tiene «todo a punto» para empezar a cobrar el impuesto, pero pronosticó «dificultades y complicaciones» en la aplicación de la medida.

El motivo es que la Generalitat está pendiente de recibir de Madrid, a fecha de 15 de junio, las bases de datos del aumento general del copago farmacéutico en función de la renta, aunque también queda por resolver cómo sabrá cada usuario a qué rango pertenece y a quién deberá acudir si tiene alguna queja. El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el encargado de determinar el nivel de copago de cada ciudadano. El nuevo tributo se cobrará únicamente a los medicamentos de más de 1,67 euros, con un tope de 62 euros al año.

Estos escollos técnicos se solapan ahora con la amenaza de impugnación del Gobierno del PP. Cuando el Parlament aprobó el gravamen, Mato ya advirtió de que ese no era «el camino» que quería seguir el ministerio. Poco tiempo después, el Ejecutivo de Rajoy anunció un recorte de unos 7.000 millones en sanidad. La pretensión del Estado es que los pensionistas paguen el 10% de los medicamentos, con límites para evitar perjudicar a los enfermos crónicos, y que los activos paguen el 50%, en lugar del 40% actual.

LITIGIO CRUZADO / La realidad es que los ajustes sanitarios han desencadenado un litigio judicial cruzado entre ambos gobiernos. Hace hoy una semana, el Gabinete de Mas anunció que llevará también al Tribunal Constitucional el decreto ley de Mato, atendiendo un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que hallaba invasiones de competencias, en este caso, del Estado hacia la Generalitat. El fallo cuestionaba, sobre todo, las garantías de acceso a la sanidad pública de los inmigrantes simpapeles.

Aunque el decreto estatal ordena dejar sin tarjeta sanitaria, desde el 1 de julio, a los españoles y extranjeros que no estén asegurados en la Seguridad Social, incluidos los parados sin subsidio, el Govern les otorgará una credencial especial que les garantizará las visitas a urgencias y la atención completa de los menores de 18 años.