Elconsellerde Interior,Felip Puig, ha anunciado que solicitará a la Fiscalía Superior de Catalunya el nombramiento de un fiscal especial contra laviolencia callejera, a la vez que ha enumerado una serie de medidas que el gobierno catalán pondrá en marcha para luchar contralos alborotadores que provocan incidentes en las manifetaciones, como los ocurridos en la capital catalana en la huelga general del pasado29 de marzo. El Ejecutivo catalán mejorará la operativa policial con el incremento de los efectivos de labrigada antidisturbios, propondrán la instalación de más sistemas de videovigilancia y podrá en funcionamiento una página web de colaboración ciudadana.
El Govern ha fijado estas medidas a raíz de los graves incidentes del 29-M en Barcelona y la "cronificación", según Puig, de actitudes de "guerrilla urbana". Elconsellerha explicado que se procedió a78 detenciones (cuatro de los detenidos permanecen en prisión) y que Interior se personará como acusación en los procesos judiciales abiertos por los desordenes públicos. La conselleria, asimismo, ha abierto 94 expedientes por los altercados (paralizados ante la investigación judicial) y otro contra los sindicatos CGT y CNT, promotores de las manifestaciones en las que se produjeron los altercados.
Reformas legales
Puig ha mostrado su conformidad con la propuesta del ministro del Interior,Jorge Fernández Díaz, de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas contra los autores de la violencia callejera y la aplicación, en la medida de lo posible, de la prisión provisional, así como una visión "más global e integral" de estas actuaciones delictivas. Pero ha ido más allá. Elconsellerha requerido cambios en la legislación sobre elderecho de reunión y la de seguridad ciudadana para "abordar" la cuestión de "la ocultación de la identidad" o la tenencia de material peligroso en las manifestaciones.
Felip Puigha abogado, además, por potenciar determinadas acciones en el ámbito penal para combatir laviolencia callejera, como las órdenes de alejamiento, las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y las estancias en comisaría para determinadas personas para que no participen en concentraciones. Puig también ha anunciado que habrá "identificaciones preventivas" para evitar altercados y una mayor colaboración con otras policías para controlar a grupos antisistema. De los 79 detenidos en Barcelona el 29-M, nueve eran extranjeros.