Agosto fue un mal mes para la economía mundial. A ambos lados del atlántico volvieron a saltar las alarmas, y los más agoreros alertan del riesgo de recesión. No creo que estemos en ese extremo, pero sí reconozco la gravedad de la situación y la exigencia de que todos los países -también nosotros: España y Catalunya-, reforcemos la confianza del país respecto a nuestros inversores. Tal es el contexto que explica la urgencia de la reforma constitucional ayer aprobada.

Pero si inédita es la situación que atraviesa la economía internacional, y extraordinaria la reforma de una Constitución que no nos habíamos atrevido antes a reformar -pese a la evidente necesidad de revisión en algunos de sus preceptos-, el principio de estabilidad presupuestaria no lo es en absoluto. Nuestra legislación está repleta de estabilidades: la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2006, y el Tratado de la Unión Europea (UE) que recoge como elemento principal el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fija los objetivos de déficit y deuda pública a los que nos debemos ajustar como estado miembro.

Al elevar de rango el principio, reforzamos el compromiso del Estado con la estabilidad presupuestaria, cuestión que beneficia de forma clara a la economía española y a la catalana.

Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas.

Diferencias que ya podemos ver (y los catalanes sufrir) en los ajustes que gobiernos conservadores, como el catalán, realizan: menos presupuesto en educación pública y más injusticia fiscal, al suprimir el impuesto de sucesiones a las rentas más altas.

La estabilidad no está reñida con la justicia social, al contrario, la alimenta al garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar.