LA ENSEÑANZA EN CATALUNYA

Asociaciones de jueces advierten a Mas de que debe cumplir la sentencia del Supremo sobre el castellano

Recuerdan al nuevo presidente de la Generalitat que la Constitución exige a todos acatar y hacer cumplir las sentencias de los tribunales

Las asociaciones de jueces han advertido al nuevo presidente de la Generalitat y al PSC que deben acatar y, en caso del Govern, de hacer cumplir las tres sentencias del Tribunal Supremo por las que declara el derecho de los recurrentes a que el castellano se incluya como lengua vehicular en la enseñanza en Catalunya. En las sentencias se advierte de que la exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral.

Tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, CiU ha anunciado que mantendrá y preservará la inmersión lingüística y ha llegado a un acuerdo de investidura con el PSC en el que incluyen preservar el modelo educativo catalán, cuya lengua vehicular es el catalán. Sin embargo, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Antonio Ballestero, ha advertido al nuevo presidente de la Generalitat, Artur Mas, que "todas" las Administraciones públicas y "todos" los poderes del Estado que "han jurado fidelidad, acatar y cumplir la Constitución deben respeto, acatamiento y dar cumplimiento" a la misma.

La separación de poderes

En este sentido, recuerda que "desde una perspectiva, estrictamente de legalidad, el artículo 118 de la Constitución exige a todos no solamente acatar sino respetar y cumplir las sentencias firmes de los tribunales. Y así lo exige, en consonancia con el artículo 118 de la Constitución, el artículo 18 párrafo segundo de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ)".

Asimismo, Juan Antonio Ballestero ha indicado que "los poderes públicos, además, no solo deben respetar y acatar las resoluciones firmes y sentencias de los tribunales sino que, además, están obligados, expresamente, como cualquier ciudadano, también, a darle cumplimento". El portavoz de la APM ha advertido en este sentido que si no fuese así, dejaría de existir el Estado de derecho. "Esa es la esencia del Estado de derecho y si así no fuera el Poder Judicial dejaría de existir, la separación de poderes dejaría de existir y, por lo tanto, dejaría de existir el Estado de derecho", ha precisado.

Al ser preguntado sobre si la Generalitat tendría alguna responsabilidad legal en caso de seguir adelante pese a la sentencia del Tribunal Supremo, ha explicado que "habría que analizarlo y observarlo". No obstante, ha añadido que "efectivamente, sin perjuicio de esa responsabilidad, habría la nulidad de los actos administrativos y de las decisiones que tomara la Generalidad en contra de las decisiones y resoluciones del Tribunal Supremo". "Si efectivamente hubiera una elusión o un incumplimiento de la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el particular", ha recalcado.

Evitar imposiciones

Por su parte, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, ha remarcado que la Generalitat "no puede dejar de cumplir la sentencia porque en un momento determinado no les beneficie". En este sentido, ha señalado que la decisión de CiU de preservar la inmersión lingüística es "correcta" siempre y cuando "no implique" la exclusión "total" del uso del castellano o que "priorice" un idioma sobre otro.

Gimeno ha respondido así a Europa Press al ser preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo para que la Generalitat lleve a cabo "cuantas medidas sean necesarias" con el fin de adaptar su sistema de enseñanza a la "nueva situación creada" por el fallo sobre el Estatut que considera el castellano como "lengua vehicular" en los centros docentes de la comunidad. "Esta sentencia --ha afirmado en referencia a la del Tribunal Supremo-- no impone el uso del castellano como idioma vehicular ni tampoco el del catalán".

"Lo único que dice es que no se puede excluir uno de los idiomas en la enseñanza, ni el uso por las administraciones públicas", ha recordado el portavoz de la asociación judicial para recalcar que "no se puede imponer" el uso de ninguna lengua en Catalunya debido a que en la comunidad "todavía" no se encuentra "normalizado" el uso del catalán. "Es el juego democrático y se tienen que aceptar las resoluciones", ha concluido.