La manifestación no se celebró. Los aberzales acataron finalmente la prohibición decretada por la Audiencia Nacional, pero todos los nacionalistas se unieron para criticar el veto a la marcha convocada para ayer en Bilbao. Y, más allá del enfado común, quedó claro que el polo soberanista conformado en torno a EA y Batasuna está decidido a seguir adelante y afrontar el pulso con el Gobierno, decidido a no darles facilidades mientras la izquierda aberzale no rompa radicalmente con ETA.
La de ayer era la primera oportunidad de los radicales para demostrar que su apuesta a favor de las vías políticas tiene una plasmación práctica. Igualmente, EA debía hacer evidente su influencia para que la respuesta a la prohibición de manifestarse se encauzara por fórmulas democráticas sin derivar en los tradicionales altercados. Y lo cierto es que a pesar de una cierta tensión en las calles por las que debía discurrir la manifestación a primera hora de la tarde, no hubo incidentes.
Los promotores de la marcha confiaban en que el alto el fuego anunciado por ETA serviría para animar la participación y convertiría la marcha en una exhibición de fuerza. Al no poder ver cumplida esa expectativa, se concentraron en un local del centro de Bilbao y anunciaron que la hasta ahora plataforma Adierazi EH (Anunciar Euskal Herria) se transforma en un «movimiento» por los derechos civiles y políticos que comenzará a actuar a partir del lunes.
El primero de sus objetivos será, dijeron, superar «toda situación de excepción o de violencia». No hicieron mención alguna al decepcionante anuncio de alto el fuego por parte de ETA ni al mensaje que les ha enviado el Gobierno con su negativa a dar el más mínimo oxígeno a la banda o a la izquierda aberzale. Más que la actuación de la fiscalía contra la marcha, censuraron la decisión del juez de la Audiencia Nacional.
FRAUDE DE LEY / El auto que Ismael Moreno firmó ayer resolvió que, tal y como planteaba el fiscal, la manifestación convocada por fuerzas «sin tacha de ilicitud» como EA y Aralar pretendía sustituir a la anteriormente prohibida por «índicios fundados» de que con ella se servía a la estrategia de ETA y podía derivar en enaltecimiento del terrorismo.
La resolución destacó que, al mantener prácticamente idénticos la fecha, el escenario (Bilbao) y el objetivo de la marcha, los convocantes incurrían en un «fraude de ley» con la pretensión de burlar el primer veto y «socavar» la autoridad judicial.
La respuesta retórica de los convocantes fue que el «auténtico» fraude de ley es utilizar «un tribunal especial en Madrid», en alusión a la Audiencia Nacional. La respuesta práctica consistió en desconvocar la marcha para evitar disturbios.
UNANIMIDAD NACIONALISTA / Todos los partidos del arco político nacionalista coincidieron en criticar la prohibición. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, la calificó de «provocación» y denunció la arbitrariedad de la Audiencia Nacional, que hace apenas dos semanas autorizó manifestaciones a la izquierda aberzale.
El secretario general de EA, Peio Urizar, atribuyó el veto al «miedo» de socialistas y populares ante la nueva etapa política que se abre en Euskadi. Advirtió de que se trata de un camino «irreversible» y vaticinó que cuanto más se prodiguen los «ataques» a derechos básicos como el de expresión y el de manifestación, más se unirán los aberzales. En la misma línea, Aralar pronosticó otras acciones conjuntas y la izquierda aberzale ilegalizada denunció «el sabotaje» a la marcha.
Solo el PSE y el PP evitaron criticar la actuación judicial . Los socialistas dijeron acatarla y los populares la aplaudieron abiertamente.