Valencia es una comunidad donde el PP monopoliza casi todo el poder. Pero desgraciadamente es también un territorio en el que parece predominar la corrupción política y la financiación ilegal.

El presidente, Francisco Camps, intenta salir vivo de latrama Gürtel, que apunta a enriquecimiento ilícito de cargos de su Gobierno y a financiación ilegal del PP regional. El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, Joaquín Ripoll, está imputado por corrupción en la adjudicación de una planta de tratamiento de basuras. Y ahora el fiscal pide 15 años para Carlos Fabra, presidente de la de Castellón y del PP provincial, por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales. El caso de Fabra es muy escabroso porque –con diversos pretextos y cambios del juez instructor– el sumario se ha demorado seis años.

Si el PP quiere ser un moderno y creíble partido de Gobierno, Mariano Rajoy debería tomar una decisión drástica de saneamiento. Pero prefiere esperar. Puede que alguna argucia retrase aún más elcaso Fabra. O latrama Gürtel. Pero la táctica de no tomar medidas no es admisible cuando la sospecha está generalizada y no afecta a un político concreto, sino a toda la estructura regional. Quizá los electores valencianos no castiguen la corrupción –lo que dicen algunas encuestas–, pero la marca PP en toda España solo puede sufrir sino separa a altos cargos que huelen a corrupción.