El Gobierno canario y el Ministerio de Transición Ecológica chocan de nuevo en la interpretación de las competencias de costas ya transferidas y de poco sirvió la comisión bilateral celebrada ayer en la capital grancanaria y el arbitraje del ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres. El conflicto va camino del Tribunal Constitucional de forma inexorable porque el Estado rechaza ceder los expedientes que tiene en su poder en relación con las concesiones en el dominio público anteriores a la Ley de Costas, mientras que Canarias hace valer el Estatuto de Autonomía para reivindicar las competencias exclusivas en la gestión del litoral.