“En el menor plazo posible”. Esta sigue siendo la imprecisa contestación del Gobierno central sobre la fecha efectiva en que podría estar lista la reforma legal en la que se soportará el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados que ahora acoge Canarias entre el conjunto de comunidades autónomas. Mientras tanto y en sentido contrario, el Gobierno canario apremia y exige que “se apruebe ya”. El texto elaborado por distintos ministerios para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, a partir de una propuesta del Gobierno de Canarias, que este martes estudiará la Comisión Interministerial de Inmigración, sigue sin tener claro su horizonte, pero todo parece indicar que su aplicación práctica no estará en el plazo que reclamaba el Ejecutivo canario, antes de verano para que pudiera estar operativa al cien por cien antes del esperado repunte de llegada de migrantes en esos meses.