La última causa por la compra de material sanitario salpica a Unidos por Gran Canaria

La última causa abierta por un presunto delito fiscal tras la compra de materiales sanitarios por valor de 22,9 millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia salpica a Unidos por Gran Canaria (UxGC). El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria, investiga por presunto delito fiscal al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al propietario del operador logístico Damco, Noel Jammal, y a dos miembros del partido Unidos por Gran Canaria, su presidente, Lucas Bravo de Laguna, y Christian Cerpa Espino, un colaborador de esta formación. Ambos aparecen expresamente citados como miembros de esta organización política en los informes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que dieron lugar a la admisión de la querella el pasado siete de febrero por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas, si bien la juez solo aprecia un posible delito fiscal, aunque, eso sí, «sin perjuicio» de que en el desarrollo de la investigación se detecte la comisión de otras acciones ilícitas apuntadas por la fiscal, Evangelina Ríos, sobre posibles delitos de blanqueo de capitales, corrupción y malversación. En resumen, el auto de la jueza traza una detallada trama que por ahora solo converge en un delito fiscal de fraude a la Hacienda pública por cobros por la intermediación en la compra de material sanitario al SCS realizado por las empresas madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services, que comparten a Noel Jammal como administrador único –un empresario al parecer de solvencia en el sector sanitario–. Estas empresas facturaron 22,9 millones –15.891.610 euros en 2020 y 7.016.000 euros en 2021– de los contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud para dotar mascarillas, test de antígenos y otro materiales de protección sanitaria a los hospitales de las Islas durante la pandemia. Damco firmó un contrato anual prorrogable con Tabaiba Capital, empresa de Miguel Ángel Ramírez, para la ejecución de las gestiones necesarias para conseguir acuerdos de compraventa de productos sanitarios e higiénicos en el Archipiélago. Su función era localizar los posibles clientes y por ello percibiría el 100% del sobreprecio que obtuviera de los compradores. Por estas gestiones, el presidente de la UD Las Palmas ganó 6.769.351 euros en su papel de intermediario entre 2020 y 2021, en plena pandemia y con la situación de crisis que se padeció en esos años. Aunque el contrato establece que su función era intermediar para lograr compradores del material, las tareas que supuestamente asumía se extendían además a la recepción de mercancías, evaluación de la calidad y entrega de los productos a los clientes de Damco, según la empresa Tabaiba. El asunto en sí mismo es llamativo porque la empresa de Ramírez no tenía medios de producción ni recursos humanos para ejecutar las labores conveniadas con Damco y, por ello, subcontrató a B&M Sport Marketing, de Lucas Bravo de Laguna, que es además su director comercial de la UD Las Palmas y presidente de UxGC, para hacer las mismas tareas por una cuarta parte del precio. Bravo de Laguna consiguió unos beneficios de 1.771.902 euros por la supuesta recepción, distribución y control de la mercancía. Pero como B&M Sport Marketing tampoco tenía trabajadores desde 2018, y su actividad estaba relacionada con los alojamientos turísticos, subcontrató a Christian Cerpa Espino, casualmente vocal de Unidos por Gran Canaria, por 581.832 euros. Cerpa recibió, además, otra subcontrata de Damco y Tanoja, otros 366.610 euros. Según la Agencia Tributaria, la intervención de Tabaiba, B&MSport y de Christian Cerpa Espino no era necesaria pues Damco contrataba directamente con el SCS el transporte de mercancías hasta Canarias. El almacenamiento del material sanitario en territorio canario era abonado por el SCS a una tercera empresa (Dronas 2002) que era la que también se encargaba de la recepción , control, chequeo del mismo y su distribución a los centros de salud. Después, los empleados del SCS eran quienes daban la conformidad final a la calidad de las mercancías, que, en este caso, sí llegaron a las Islas. Para la Fiscalía, Tabaiba no ha aportado pruebas de que hubiera realizado gestión de la mercancía ni tampoco B&M Sport «ya que su administrador único –Lucas Bravo de Laguna– no conocía ni cuál era el formato de los palets y cajas que llegaban al almacén, ni Christian Cerpa Espino, que ademas percibía directamente de Damco otra renta por la misma supuesta gestión de las mercancías que llegaban al almacén de un tercero». Pero eso no es lo que se investiga sino que incumplieron con Hacienda. Miguel Ángel Ramírez, por dotar en la RIC sin que la empresa Tabaiba tuviera medios propios ni humanos y, por lo tanto, no podía acogerse a la Reserva para Inversiones de Canarias a través del Impuesto de Sociedades, sino al IRPF, y se considera que pudo haber defraudado 2.996.912 euros entre 2020 y 2021. Según Hacienda, Bravo de Laguna, que en esa época pasó de ser secretario general de UxGC –partido que fundó su padre José Miguel Bravo de Laguna– a presidente de la organización, además de ostentar el cargo de diputado regional por su pacto con CC hasta 2023, facturaba a través de su empresa, creada en 2015 pero con un solo trabajador hasta 2018. De su sociedad percibía incluso su sueldo de 38.169 euros en 2020 y 47.109 en 2021, cuando los únicos activos de esta mercantil eran un ordenador portátil, un iPad y una vivienda unifamiliar que él mismo se tenía arrendada por 1.800 euros, expone la Fiscalía por la información de la Agencia Tributaria. En 2018 dio de alta a la sociedad como alojamientos turísticos extrahoteleros. Según el auto de la jueza, la presunta cantidad defraudada a Hacienda es de 512.832 euros porque tanto los ingresos que percibía como asalariado de Ramírez (9.000 euros al mes en 2020 y 2021 ), más los abonos de Tabaiba por la mediación de la compra de materiales sanitarios (1.771.902 euros en esos dos años) computados a su empresa B&M Sport Marketing no están justificados, pues carecía de todo tipo de medios materiales y humanos y, en consecuencia, deberían haber sido tratados como rendimientos de trabajo y sometidos al IRPF. Lo mismo que Christian Cerpa, que la Fiscalía y Hacienda mencionan como miembro de UxGC, sin titulación superior y que en 2017, 2018 y 2019 declaró rentas netas de solo 500 euros. Con lo que obtuvo de la subcontrata de Bravo de Laguna en 2020 y 2021 (581.832 euros) y directamente de Damco y Tanoja (366.610 euros) quiso dotar en RIC sin empresa ni trabajadores entre otras irregularidades en el IRPF. Hacienda le reclama 326.008 euros. Lucas Bravo de Laguna asegura que está muy tranquilo porque ha declarado la totalidad del dinero recibido por su gestión en la compra de mascarillas y otros materiales sanitarios en 2020 y 2021, años en el que el hijo del histórico exdirigente del PP y fundador de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, se hizo con la presidencia de esta formación. En 2020, siendo ya secretario general de la misma y diputado en el Parlamento por presentarse como independiente con CC –y con su empresa en marcha– avanzaba que quería revitalizar al partido y que iba a hacer fichajes para las elecciones de 2023, cosa que hizo, con José María Ponce como candidato a la Presidencia del Cabildo, que sufrió un grave accidente mientras participaba en el Rally Islas Canarias, Enrique Hernández Bento, exdelegado del Gobierno, o Carmen Guerra, exdiputada y exconsejera insular PP. Lucas Bravo de Laguna se presentó como candidato a la Presidencia del Gobierno, en un multitudinario acto en el Gran Canaria Arena, pero pese a su potente campaña sufrió un batacazo electoral. Eso sí, su padre se hizo con la Alcaldía de Santa Brígida, donde Lucas Bravo de Laguna, con titulo de bachillerato, fue el concejal más joven de Canarias con 23 años, siempre arropado por su progenitor, posteriormente alcalde en dos mandatos, además de consejero de Deportes del Cabildo grancanario, todo ello con el PP.

La última causa por la compra de material sanitario salpica a Unidos por Gran Canaria

Hacienda reclama medio millón de euros por presunto delito fiscal a Lucas Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria y exdiputado del Parlamento canario

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