Más de un centenar de mujeres españolas cruzan la frontera cada año para poder abortar en Bruselas, según cifras del Centro Hospitalario Universitario de la capital belga. No es la tónica habitual, pero tampoco un hecho aislado. Son mujeres que ya han superado la semana 22 de gestación -lo que equivale a unos cinco meses y medio- y han recibido un diagnóstico de malformación o de enfermedad extremadamente grave del feto que hasta entonces había sido imperceptible. La legislación vigente en España ya no les permite decidir si quieren continuar con el embarazo. Si pueden interrumpirlo, o si deben continuar con él, queda en manos de un comité clínico y solo si la malformación es incompatible con la vida pueden abortar.
Con riesgo de inconstitucionalidad
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