Opinión | Apunte
Redactor jefe de Economía
Vivienda: manos a la obra
El mercado del alquiler reclama pisos cada vez más pequeños para reducir así los precios
Catalunya pide más dinero al Gobierno central para financiar 50.000 viviendas públicas por valor de 8.300 millones
Edificis de pisos en construcció a Barcelona. / JORDI COTRINA
Lo ha dicho en más de una ocasión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: estamos en la legislatura de la vivienda. Muchos exclamarán: ¡Ya era hora! Y la mayoría deseará que esta afirmación no se quede todo solo en palabras o buenas intenciones. Es una materia en la que están implicadas también, y sobre todo, las autonomías y los ayuntamientos.
El acceso a la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, es uno de los retos a los que se enfrenta este país. Los precios, especialmente en las grandes ciudades, en escalada constante, impiden la emancipación de los jóvenes y que familias incluso de clase media puedan comprar o arrendar un piso y ni siquiera una habitación.
Es preciso abandonar la dejación de funciones que acumulan los distintos gobiernos a lo largo de los años, que han situado el peso de las viviendas sociales o asequibles a niveles (2,5% del total es VPO) que provocan rubor cuando se comparan con los de otros países de la Unión Europea (UE): 16,8% en Francia, 30% en Países Bajos o 24% en Austria.
Las soluciones no son ni simples ni rápidas, por eso vamos tarde. La cosa no consiste solo en aumentar la oferta, que también, sino en adecuarla a las necesidades de la demanda. Es algo que se ha puesto sobre la mesa durante el salón de inversores inmobiliarios The District, celebrado en Barcelona. No es cuestión de construir por construir, que ya sabemos adonde nos conduce, si no de hacerlo jugando cada uno su papel, sin que las administraciones solo vean y callen o se limiten a tirarse los trastos a la cabeza.
La Constitución, que tanto esgrimen muchos partidos cuando les interesa, es clara. En su artículo 47 establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y agrega que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Pues eso, de una vez, es hora de ponerse manos a la obra - y nunca mejor dicho-.
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