Trilerismo fiscal en época electoral

Se suceden los posicionamientos políticos sobre la necesidad de cambios fiscales. En especial, en época electoral y desde los grupos de presión que emergen acercándose a los partidos. Veo así algunos programas fiscales que son poca cosa más que un buzón de quejas de aquellos que no quieren pagar impuestos y pretenden guardarse los excedentes. Se citan documentos e informes (el más reciente, presentado hace poco por encargo de la patronal catalana, como antes fue el Libro Blanco de la reforma fiscal, el Verde, o el Rosa). Más propuestas que acciones. Muchas justificaciones de reforma o abolición de impuestos se argumentan desde cuestiones fácticas: escasa recaudación, elusión, incumplimiento, incentivos al fraude, paraísos fiscales, etc. Pero no se suelen ofrecer medidas de mejora de gestión e inspección. ¿Dónde se ha visto, en cambio, que un impuesto establecido por ley, plenamente constitucional, se pueda cuestionar por la realidad de la práctica observada en un país y en un momento del tiempo? Cuando un tributo tiene descosidos, lo que hace falta es coserlo mejor (rehacer la regulación), reforzar la inspección contra el incumplimiento (no solo con sanciones monetarias, sino sociales o de ciudadanía) y, ante la expatriación, firmar acuerdos internacionales y castigar efectivamente a las jurisdicciones ‘no cooperadoras’. El libro reciente ‘Los ricos no pagan IRPF’, de Cruzado y Mollinedo, viene lleno de casos de evasión no confrontados realmente por la Agencia Tributaria o de fraude resueltos con la manga ancha de la administración fiscal española, en particular en la medida que han afectado a la monarquía o a los grandes prohombres del país. Cuando es notorio el vehículo de la elusión intentemos, antes de proponer su abolición, instrumentar medidas razonables: si las exenciones entre países no funcionan (la doble exención, tal como se conoce, hace que la renta no pague ni en un lugar ni en otro), que se haga por deducciones pagadas con los acuerdos correspondientes entre jurisdicciones (esto es inequívoco: para deducir en un país se tiene que probar que se ha pagado en el otro); si se produce entre comunidades autónomas de un mismo país, hagamos que algunos de estos impuestos autonómicos sean a cuenta de sus homónimos estatales; si lo que se observa es la evasión por la vía de la interposición de entidades de gestión patrimonial de inmuebles de propiedad familiar, enderecemos la regulación hacia la exención solo de los inmuebles afectados de la actividad de la empresa familiar, y cribando los diferentes activos (tanto financieros como reales) en su afectación efectiva. También hemos de buscar la fiscalización del retorno del activo exento en favor del uso privativo del empresario o del socio, y actuemos sin tapujos contra el 'remansamiento' del capital no productivo, de los activos de todo tipo de empresas, y en favor del uso de los productivos. En la consideración de los abolicionistas suele aparecer también el argumento de que el patrimonio ‘ya ha pagado’. En el caso de sucesiones, esto no es cierto, puesto que el impuesto directo afecta personas diferentes, y en cuanto a patrimonio, si fuéramos coherentes con el argumento de la doble imposición, tendríamos que abolir todos los impuestos para quedarnos con uno solo, puesto que el consumo ha pagado también renta antes, como también la paga el ahorro, o los consumos especiales. También hay que denunciar la falacia de las renuncias de herencia por motivos fiscales. Si se producen es porque, a beneficio de inventario, estos legados llevan deudas asociadas (hipotecas, créditos y avales) que no los hacen atractivos. No por el impuesto, ni por la prisa de su pago. Un país serio, de entrada, no cuestiona de este modo su presión fiscal; presión que se tiene que corresponder con su nivel de desarrollo y con la calidad de los servicios públicos a los que aspira. Lo que hace falta es ajustar esta presión fiscal, en su composición conjunta, a las necesidades de su economía productiva y a la cohesión que a la sociedad se le quiere dar, en base a la justicia fiscal.

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