Una de las cosas buenas del adelanto electoral es que la propuesta de ley trans del Govern Aragonès ha decaído. El anteproyecto rizaba el rizo de la ley estatal, aprobada la pasada legislatura, en cuanto a la llamada “autodeterminación de género”. Las principales novedades son que borraba la categoría sexo (frente a la identidad sentida) para establecer en los documentos oficiales un tercer género “no binario”, e introducía la figura del mediador para los niños de 12 cuyos padres rechazasen los tratamientos médicos para la transición, prevaleciendo a priori el deseo de los menores. La propuesta legislativa suscitaba también polémica en otros aspectos, por ejemplo, en cuanto al uso de los lavabos públicos o respecto a la participación en competiciones deportivas en la categoría deseada. Las leyes trans están siendo muy controvertidas, y no porque en la mayoría de las críticas haya transfobia o una negación de los derechos del colectivo LGTB+. En España no está en cuestión la igualdad ni la necesidad de amparar a unas personas que históricamente han sufrido mucha discriminación. Ahora bien, el péndulo ha basculado hacia un extremo dañino, imponiéndose una absurda ideología 'sexoplanista', potencialmente peligrosa para los menores y contradictoria con la lucha feminista.