"Otro cupo no cabe". Esta es la nueva respuesta que algunos utilizan para descalificar la viabilidad de la propuesta que acaba de poner sobre la mesa el Gobierno catalán. Permítanme unos comentarios a esta aseveración. Se dice que la imposibilidad de un pacto fiscal es por una cuestión fáctica. Catalunya es “demasiado grande” (un 20 % del PIB, a diferencia del caso vasco, poco más del 6 %) y que la redistribución que ejerce actualmente el Estado en favor de Comunidades subsidiadas “no aguantaría”. Bien. La negativa no es ya, al parecer, por una cuestión de constitucionalidad, ya que si así fuera se abortaría de entrada, sino por su viabilidad financiera. Esto es un avance para quienes hemos defendido que jurídicamente la Constitución no marca un modelo de financiación determinado y permite distintas posibilidades (incluido el régimen canario). Ciertamente, la Constitución Española acoge de entrada el concierto y el convenio forales. Pero permite, si se quiere, que sea a través de la LOFCA que se definan los contenidos de la financiación autonómica; desde el reconocimiento de la existencia de nacionalidades y regiones y de territorios históricos. No ha de generar privilegios en derechos y deberes personales, pero el Tribunal Constitucional ha reiterado que ello no afecta a las desigualdades de recursos entre instituciones, que de esto va la descentralización, que no se justificaría de otro modo desde la igualdad completa. Ello permite que sea, pues, la LOFCA, modificable por mayoría absoluta, la que posibilite estos encajes. Para ello no hace falta ni tan solo el acuerdo de las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que la Administración del Estado tiene en la decisión la mayoría absoluta. Aunque, claro está, que mucho mejor es siempre una mayoría amplia, pactada por los grandes partidos nacionalistas españoles, lo que evitaría, entre otras cosas, futuras reversiones de los acuerdos de financiación con unas nuevas mayorías.