El aplazamiento 'in extremis' de la votación de una diluida ley de restauración de la naturaleza esta semana en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), porque habría sido rechazada por falta del mínimo de votos requeridos para aprobarla, muestra las frágiles e irrealistas bases sobre las que se sustenta el Pacto Verde europeo. El modelo diseñado por la Comisión Europea –y que han ido aprobando el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo– descarga los costes de la transición energética y del Pacto Verde sobre los ciudadanos, los agricultores y las industrias, con la ilusoria expectativa de que los sobrecostes ocultados serían aceptados sin protestas en aras de frenar el cambio climático. Ese irrealismo olvida el contexto de creciente desigualdad en la UE, perdida de poder adquisitivo, debilidad económica y enorme competencia de Estados Unidos, China y otras potencias que no escatiman las subvenciones industriales. Las ayudas anunciadas en la UE son escasas, más teóricas que reales y de cobro incierto. La subvención por comprar un coche eléctrico tarda dos años en cobrarse en España y en Alemania se ha suprimido, por ejemplo. Las ayudas por instalar placas solares de autoconsumo también tardan dos años en cobrarse con muchas condiciones en España y en Francia la partida más recortada por el ajuste presupuestario de 2024 ha sido la transición verde.