La legislatura que acaba de concluir en Catalunya nació marcada por los rescoldos del 'procés'. Pere Aragonès fue investido en segunda vuelta, en mayo de 2021, tras un acuerdo 'in extremis' de ERC con Junts y la CUP. A los pocos meses, los anticapitalistas, cada vez más desdibujados por su crisis interna, dejaron de apoyar al Govern. Un año más tarde, Junts, en parte como respuesta a la inhabilitación de Laura Borràs, abandonó el ejecutivo. En cualquier país normal, el presidente se hubiera sometido a una moción de confianza o convocado elecciones. Aragonès, no hizo ni lo uno ni lo uno. Le salvó que pudo aprobar presupuestos en 2023, gracias al apoyo socialistas y comunes. Pero eso solo ha servido para alargar la agonía, con un Govern muy débil y todos los problemas (educativos, sanitarios, habitacionales, energéticos, climáticos, etc.) estallándole al mismo tiempo. Finalmente, el ataque de cuernos de Ada Colau en Barcelona, al quedarse fuera del gobierno municipal, ha arrastrado a En Comú a votar en contra de los presupuestos catalanes para este año. La medida de presión sobre ERC se les ha ido de las manos, pues Aragonès ha preferido evitar una hemorragia electoral mayor de su partido en 2025, creyendo ilusoriamente que así cortaría el paso a Carles Puigdemont.