El Código Civil de 1889 estableció la responsabilidad patrimonial universal: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”. Este principio era una condena a vida para muchos deudores y fomentaba la economía sumergida. La suavización de esta rigidez dio un salto adelante con la directiva europea de la segunda oportunidad. En España fue el texto refundido de la ley concursal de 2020 el que trató por primera vez de la exoneración del pasivo insatisfecho (las deudas) de las personas físicas.