Represión de los ecologistas en la UE

Mientras los efectos del cambio climático son cotidianos y se hace patente la falta de previsión y preparación de las autoridades, los gobiernos de la Unión Europea (UE) han adoptado una política de creciente represión y persecución de los activistas ecologistas. Mientras los gobiernos respetan el derecho de los agricultores a manifestarse y cortar carreteras, cuando se trata de protestas ecologistas los gobiernos optan por la represión policial y judicial, llegando a calificarlos de terroristas o como amenaza terrorista desde la UE, Francia, Alemania, Dinamarca y España. La criminalización de las protestas ecologistas ha alcanzado tal nivel en la UE que, ante el silencio de la Comisión Europea, desde la ONU se ha emitido esta semana un informe para alertar sobre la incompatibilidad de esta represión con las libertades y los principios democráticos. Un anterior informe del Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa que ya denunciaba la persecución y criminalización del activistas ecologistas cayó en saco roto. “La represión que afrontan en Europa los activistas medioambientales que usan la desobediencia civil pacifica es una grave amenaza a la democracia y los derechos humanos”, encabeza el informe elaborado por Michel Forst, ponente especial de la ONU sobre defensores medioambientales. El informe es fruto del Convenio de Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El informe de la ONU recuerda que la desobediencia civil pacífica está reconocida como un ejercicio de la libertad de expresión y reunión, garantizados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. La gravedad de las consecuencias del cambio climático en marcha refuerza el derecho de los ciudadanos a protestar por lo que consideran una inadecuada respuesta de los gobiernos, subraya el informe. En los países de la UE ha arraigado una concepción autoritaria de la política, en la que la contestación ciudadana crítica está dejando de ser un derecho democrático para pasar a considerarse una disrupción inaceptable y una amenaza para la seguridad. La proximidad de las elecciones europeas de junio, el hecho de que los agricultores se movilizan con sus tractores y la importancia del sector han frenado hasta ahora la represión policial y judicial que se aplica contra los activistas medioambientales. El informe del ponente de la ONU detalla cómo las molestias causadas por las protestas ecologistas en las manifestaciones, los cortes de carreteras, las ocupaciones de obras polémicas y los actos simbólicos ante edificios públicos o de grandes empresas se consideran amenazas de seguridad y actos de violencia, que llegan a equipararse al terrorismo. El informe anual de la UE sobre incluye al activismo ecologista entre los grupos extremistas y los riesgos potenciales de terrorismo y violencia, lo que acaba avalando a nivel nacional el espionaje de los activistas, los seguimientos e infiltraciones y los registros de domicilios y sedes. En España, en el informe anual de la Fiscalía General del Estado de 2023 correspondiente a las actividades de 2022 se incluye a los grupos ecologistas Extintion Rebellion y Futuro Vegetal entre las amenazas terroristas. El Gobierno francés ilegalizó en 2023 el movimiento Sublevación de la Tierra, pero la decisión fue anulada por el Consejo de Estado en noviembre, por violar el derecho de asociación y porque no podía imputarse a sus miembros ninguna incitación a la violencia, en contra de lo sostenido por el Gobierno. En Alemania y Austria, los miembros de Última Generación son perseguidos como organización criminal. El servicio secreto danés (PET) también considera una amenaza terrorista el denominado “extremismo climático” y en Italia acaba de entrar en vigor una nueva ley sobre “ecovandalismo”. Al uso desproporcionado de la fuerza policial contra los manifestantes ecologistas en la UE, se suman las detenciones arbitrarias, que en España, Francia, Suecia y Polonia han afectado incluso a los periodistas que cubrían la información, detalla el informe de la ONU. La represión incluye también controles abusivos de la identidad de manifestantes, confiscación de bienes, intimidación y brutalidad bajo custodia policial y sanciones y procesos judiciales por “desobedecer a la policía”, obstruir el tráfico o “vandalismo organizado”.

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