España no tiene política de vivienda desde la llegada de la democracia. Como en el caso de las relaciones laborales, el punto de partida era el paternalismo franquista: pisos de renta limitada para los propietarios a cambio de permitirles la especulación con los terrenos y la baja calidad en los materiales. A partir de ahí, el decreto Boyer liberalizó el precio de los alquileres para adaptarnos a la UE a cambio de hiperproteger a los inquilinos morosos. Y las comunidades autónomas fueron recibiendo las competencias urbanísticas y de promoción de viviendas sociales mientras los ayuntamientos seguían controlando, y financiándose, con el dominio del suelo. Los años de Aznar sirvieron solo para cambiar los principios básicos del derecho urbanístico: todo suelo es urbanizable si no se protege y el promotor de la recalificación de un terreno puede no ser el constructor. Ello, sumado a los bajos tipos de interés, generó la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y a la que Zapatero respondió creando un ministerio sin competencias. Como en tantas otras cosas, Rajoy no hizo casi nada más que comprar a los bancos los pisos que no querían y así mantener en parte los precios a costa del Estado. El resultado es que seguimos a la cola de Europa en el mercado de alquiler, no hay apenas vivienda de protección oficial donde se necesita y en las zonas tensionadas por el turismo o por la demografía los pisos -de alquiler o de propiedad- no están al alcance de los salarios devaluados tras la crisis del 2008 y ahora lastrados por la subida de los tipos de interés.