Catalunya, en estado de emergencia desde el viernes por la peor sequía del siglo, debate hoy con el Gobierno de Pedro Sánchez cómo combatir la crisis hídrica que afecta ya a seis millones de catalanes. El Ejecutivo español planteará que Barcelona reciba barcos cisterna llenos de agua procedente de la desalinizadora de Sagunt (Valencia), una infraestructura cuya gestión está en manos del Ministerio de Transición Ecológica a través de la empresa pública Acuamed. La ministra Teresa Ribera ya ha comunicado el proyecto a Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, ante quien se ha comprometido a elevar la capacidad de la planta de Sagunt por encima del 15% para que el traslado a Barcelona no afecte a las necesidades hídricas de Valencia. Mazón, en un ejercicio de sensatez digno de alabar, ha respaldado a Ribera, declarándose a favor de la solidaridad hídrica entre regiones -él tiene intereses en el trasvase Tajo/Segura- y alejándose del ayusismo más frívolo. Lo ha hecho con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que ayer defendió «hacer más» por Catalunya.