Jueces y mayoría política

La ley de amnistía, la promesa hecha al independentismo que ha permitido a Pedro Sánchez volver a ser investido presidente del Gobierno, se ha convertido durante su tramitación en un verdadero quebradero de cabeza que no solo amenaza la continuidad del ejecutivo sino que ha provocado un grave enfrentamiento entre la mayoría política que lo sustenta con el poder judicial. La negativa de Junts per Catalunya a aprobar al dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, decisión que hubiese dado luz verde a la ley de amnistía, por mucho que se interprete como una prórroga para seguir negociando, dado que implica el retorno de la norma a la Comisión y aporta quince días suplementarios para intentar llegar a un acuerdo, lo cierto es que supone un nuevo revés para el Gobierno tras el susto de la convalidación de los Reales Decretos de Ley que revela, no solo la debilidad del ejecutivo sino la ausencia de una mayoría que lo sustente, sin que exista como en la anterior legislatura la posibilidad de geometría variable. Teniendo en cuenta además que es precisamente esta ley la que ha de permitir el mantenimiento y la continuidad de la legislatura, de persistir el rechazo, el presidente del Gobierno, de acuerdo con el espíritu del sistema parlamentario, debería someterse a una cuestión de confianza que ratificase en su caso, no solo la existencia de una mayoría parlamentaria que lo apoya sino la orientación política de la misma. Sin embargo, más preocupante que el mantenimiento del Gobierno es el deterioro de las relaciones que se está produciendo entre el poder judicial y el Gobierno y la mayoría de los partidos que lo sustenta. Y eso se debe, en gran medida, al aval que ha supuesto el hecho de que Pedro Sánchez no solo haya cambiado de opinión respecto a la amnistía sino que, fruto del acuerdo con Junts, también haya asumido la idea de lawfare aplicada al procés soberanista, tal como han venido defendiendo sus promotores. Una asunción que implica trasladar la los jueces la responsabilidad del procés y de sus consecuencias y considerarlos prevaricadores, acusación que ha sido incluso vertida desde la tribuna del Congreso sin que se haya visto acompañada de la pertinente denuncia o de la reprobación por parte del PSOE, un partido que hasta hace muy poco parecía confiar en las bondades de la justicia española. Ciertamente, algunas de las últimas actuaciones judiciales en relación al procés como la imputación de Puigdemont, las acusaciones de terrorismo o las prórrogas a las diligencias han tenido lugar en paralelo a algunas decisiones políticas lo que puede contribuir a alimentar esa sospecha siempre que se esté predispuesto a ello y que se ignore que como norma general los procesos judiciales están sometidos a sus propios calendarios y que los jueces en los sistemas democráticos no se supeditan a los tiempos políticos. Por ello, la criminalización del poder judicial que se está llevando a cabo desde el Gobierno y desde la mayoría parlamentaria constituye una clara deriva iliberal al igual que lo fue el 'procés'. Y si ello viene precedido de la voluntad de amnistiar a políticos que intentaron subvertir el orden constitucional, por interés particular, y se preña de reformas legislativas que pretenden reducir el margen de actuación de los jueces con la perversa idea del blindaje, se agrava la deriva que un partido de larga tradición democrática como es el PSOE no debería permitirse.

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