"75 años de apartheid, 56 años de ocupación, 16 años de bloqueo", así comenzaba el alegato con el que el embajador sudafricano en Países Bajos, Vusimuzi Madonsela, presentaba la demanda de Sudáfrica contra Israel invocando la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948) ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Con estas palabras se comenzaba a dar forma y voz a una exigencia, un grito, que lleva ya más de tres meses recorriendo el mundo, el de aquellos que apuestan por un mundo en paz, con justicia y basado en reglas. Y no ha sido ningún Estado del norte global, ni del Occidente que presume de ser una isla de derechos frente a las junglas allende los mares, ha sido un Estado del Sur y de África. Sudáfrica ha sido el que único que ha tenido el coraje de enfrentar los silencios cómplices y ponerlos frente, no solo a sus incumplimientos, sino ante sus incoherencias y sus dobles raseros. Y lo ha hecho apelando al derecho internacional, el mismo derecho internacional que tantas veces se ha invocado desde las principales cancillerías del euroatlantismo y que decían defender como garantía de un mundo basado en normas.