Hacer caja con las armas españolas

Se atribuye a Beltolt Brecht haber dicho que cuando la hipocresía pierde calidad lo mejor es empezar a decir la verdad. Pensamiento que procede a raíz del posicionamiento del Gobierno en relación con la tragedia de Gaza. A diferencia de episodios anteriores, como por ejemplo la ”operación plomo fundido” de 2008-09, ante la cual la respuesta fue poco contundente, en esta ocasión se ha sido tajante en la condena de la matanza cometida por el ejército israelí. Un hechos que por tener como víctima a un sujeto colectivo civil indefenso y una ejecución ausente de discriminación pueden adquirir, según los conceptos de la cultura democrática construida a partir de 1945, categoría de genocidio. Por eso, remueve conciencias que se pretenda normalizar esta actitud con la venta continuada de armas españolas a Israel. Justo es decir que, de igual manera, están presentes las armas 'made in Spain' en todo tipo de conflictos y son compradores regímenes políticos dictatoriales, la intensidad vulneradora de derechos de los cuales oscila entre la represión y persecución policial contra minorías y movimientos democráticos y la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Son hechos incuestionables que tienen el origen en los intereses cruzados y mantenidos en el tiempo entre determinados grupos de capital y los gobiernos españoles, para hacer realidad una legislación adecuada a la fabricación de materiales armamentísticos y su comercio. Efectivamente, lograr pertenecer al club de los 10 estados con más producción y venta de armas ha requerido la complicidad del mundo político. En este caso de PSOE y PP, sin ninguna fisura entre ellos a lo largo de décadas. Es ejemplo la ley que regula la venta de armas, en la cual un artículo fija los supuestos para la autorización, suspensión y revocación de un pedido, de entre los cuales la posibilidad que sean utilizadas con una finalidad vulneradora de los derechos humanos. Cómo se explica, pues, que Arabia Saudí se haya convertido en el mayor comprador o que, solo a título de ejemplo, se firmaran convenios con el emir de Baréin, el mismo que respondió a las movilizaciones de la primavera árabe de los años 2011 y 2012 con centenares de asesinatos y miles de personas torturadas. Por cierto, personaje declarado “hermano”, como tanto otros sátrapas de aquellos lugares, del ya hoy en día reconocido intermediario Juan Carlos I. La explicación radica en el hecho que la decisión sobre qué exportar y a quién vender recae en una junta interministerial, donde participan los servicios de inteligencia, las deliberaciones de la cual son secretas desde que lo dictaminó Felipe González a raíz de un escándalo acontecido al conocerse que se habían vendido armas a Pinochet. Un secretismo que afecta también el poder legislativo, los parlamentarios. Doy fe que durante años se ha intentado modificar y siempre se ha topado con el PSOE y el PP, llegando al absurdo que el poder legislativo confeccionador de la ley tiene prohibido fiscalizar el uso. Una opacidad que evidencia cómo los gobiernos españoles están secuestrados por los intereses económicos de las empresas de un sector industrial que, ellos mismos, han promovido, fomentado y contribuido a hacer crecer. Y del cual, ahora, son cautivos. Tanto da si son gobiernos socialistas como populares. Ciertamente fue Aznar, junto con el empresario de la industria del armamento y posteriormente ministro de Defensa de Rajoy, Pedro Morenés, entonces ejerciendo de secretario de Estado de Defensa, quien creó los Programas Especiales de Armamento. Como cierto es que, antes, Felipe González había firmado el acuerdo para el programa Eurofighter, los programas de los carros de combate Leopard y la adquisición de los aviones A-400 y, más tarde, su correligionaria Carme Chacon firmó nuevos PEA hasta generar una enorme deuda pública, la suma de los cuales llega a los 30.000 millones. Compromisos, todos ellos, que han requerido constantes aportaciones presupuestarias extraordinarias para hacer todavía más grande el agujero, extraídas incluso del fondo de contingencia en años que la crisis económica ha puesto en jaque el mismo Estado del bienestar. Pedro Sánchez tendría que sentirse políticamente concernido y obligado a ser consecuente con el pronunciamiento, diferente al del PP, expresado estos últimos días. Y en cuanto a Yolanda Díaz, porque como ministra de Trabajo es consciente que por cada puesto de trabajo creado en la industria con los mismos recursos se podrían crear cinco en la civil, porque es conocedora de cómo se resiente el mundo del trabajo del traslado de recursos públicos en I+D+I civil al militar y porque ella misma ha sido más contundente a la hora de calificar los crímenes de guerra cometidos en Gaza, además de reclamarle consecuencia política, habría que rogarle algo más de pudor. En pro de las ideas que dice defender y en beneficio de todo el mundo.

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