El federalismo canadiense en tensión

Esta vez el problema vuelve a ser la provincia de Alberta. El separatismo del Quebec, la provincia francófona, permanece latente, aunque el Partido Quebequés, el portavoz tradicional del soberanismo, parece estar recuperándose y se atreve a plantear un nuevo referéndum si recupera el poder. Ahora la tensión se origina en uno de los territorios más prósperos de la federación, gracias a su industria petrolera. Alberta es la provincia canadiense que, según el tópico, más se parece a Texas. Su primera ministra, la conservadora Danielle Smith, se suele oponer a las políticas del gobierno federal, liberal, de Justin Trudeau. No hace mucho Smith planteó la retirada de los recursos que Alberta tiene en el fondo federal del que dependen las pensiones en Canadá, lo que da la medida de su idea de solidaridad. Pero, sobre todo, su enfrentamiento con el gobierno de Ottawa pasa por las medidas de lucha contra el cambio climático. Eso, en un país tan descentralizado como es Canadá, significa dictar normas federales que tropiezan fácilmente con las competencias de las provincias. Y el Tribunal Supremo de Canadá, el pasado octubre, emitió un dictamen que había sido solicitado desde Alberta para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de una ley federal de 2019, que se otorgaba al gobierno federal la facultad de pronunciarse sobre el impacto ambiental admisible de algunos proyectos. El tribunal resolvió que la ley era inconstitucional al invadir competencias provinciales. A mediados de noviembre, el Tribunal Federal de Canadá, que es la más alta instancia en materia contencioso-administrativa, dictó una sentencia que anulaba un reglamento federal sobre plásticos de un solo uso, propinando un nuevo revés a la política ambiental de Trudeau. Con el viento de la jurisprudencia a su favor, Danielle Smith ha vuelto a la carga. Esta vez ha tomado como blanco una normativa que solamente se encuentra en fase de proyecto, y que pretende fijar severos límites a las emisiones producidas por la industria petrolera y la red eléctrica. Evidentemente, para una provincia que basa su prosperidad en el petróleo, la campaña de Smith es muy popular. Consciente de eso, la primera ministra ha desenfundado una ley provincial muy controvertida: la ley de la soberanía de Alberta en un Canadá unido, de 2022. Esa norma justifica que las autoridades provinciales desobedezcan las leyes federales que el gobierno de Alberta considere que son contrarias a sus competencias constitucionales. Vendría a ser lo que en la tradición hispánica se denominaba el “pase foral”: el “se acata, pero no se cumple” de cuanto una diputación foral entendiera que vulnerara sus fueros. O, lo en el primer federalismo estadounidense, se consideraba un 'casus non foederis'. Esto es, una intromisión federal en las competencias de un estado federado, que, a juicio unilateral de este, rompiera el pacto constitucional. La señora Smith ha concretado la aplicación de la ley de soberanía de su provincia. Consiste en la prohibición, a cualquier autoridad o administración que dependa de la provincia, de colaborar en la ejecución de la normativa que, según su unilateral criterio, invade las competencias provinciales. No se trata de un movimiento secesionista clásico. Aquí no se pretende, al menos directamente, la separación de Canadá. No se expone ningún agravio a la identidad de una nación albertana cuya existencia nadie invoca. Es, me parece, un gesto populista destinado a tapar problemas en la gestión la sanidad, u otros fallos como los que puede cometer cualquier gobierno sea del signo que sea. Un gesto que se suma a la descarnada exhibición de falta de solidaridad que supone plantear retirar cualquier aportación al fondo federal de pensiones. El federalismo representa la combinación de autogobierno y gobierno compartido. Pero es más que un diseño institucional o un tipo de constitución. Necesita una cultura política común, que acepte la tensión inevitable entre la unidad y la diversidad. Y, sobre todo, que prefiera la cooperación y el diálogo a la imposición o al chantaje. El populismo en el que se complace el gobierno de Alberta, choca con los valores del federalismo canadiense. Y de cualquier otro, por cierto.

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