Durante muchos años, los nacionalistas han reprochado a los gobiernos españoles impedir que el catalán fuera oficial en la UE. Parecía que, si España lo defendía con determinación, era fácil de lograrlo, atendiendo a que es una lengua con más hablantes que muchas otras. Que esta vez todavía no se haya logrado, pese a la presidencia española de Unión, y a que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha ofrecido a pagar el coste de las traducciones, lo cual es tramposo porque el reglamento estipula que es un gasto común, evidencia la complejidad de la construcción europea y otros problemas que desde Catalunya no se quieren ver. Curiosamente, los países más recelosos son los más pequeños (Suecia, Finlandia o los bálticos), que no lo ven necesario ni prioritario, les parece caro y sobre todo temen un efecto contagio interior. España no es una excepción en diversidad lingüística, más bien es un ejemplo de excelencia en reconocimiento hacia todas sus lenguas, algo que los independentistas no quieren ver porque rompe con su cliché hispanófobo. Cuando Josep Borrell fue presidente de la Eurocámara ya se planteó esa reivindicación, y tuvo más rechazo que ahora. Con todo, el catalán sí tiene un estatus en Europa: es lengua de comunicación de las instituciones comunitarias con la ciudadanía y se traducen las publicaciones más importantes.