El desafío de consensuar el uso de móviles

El sobreconsumo de pantallas es cada vez más precoz, más adictivo y más empobrecedor para el desarrollo emocional y competencial de los menores y adolescentes. Investigaciones solventes demuestran que el nivel de madurez emocional e independencia a la hora de tomar decisiones entre los adolescentes de 18 años de 2022 es el equivalente al que presentaban los chicos y chicas de 12 años de hace una década. La falta de experiencias vitales madurativas y la baja tolerancia al conflicto y a la frustración desvelan un retraso en el normal desarrollo de niños y adolescentes en el que influye, de manera decisiva, pero no única, el abuso y la dependencia de las pantallas y contenidos digitales. La pérdida de lenguaje, vínculos sociales, concentración y atención por el sobreconsumo de pantallas también está empeorando la salud mental y emocional de los jóvenes, elevándose como un problema de salud pública. En este contexto, es significativo que sean las familias quienes estén reclamando una nueva regulación social del uso del móvil, abriendo dos frentes distintos. De un lado, las multimillonarias demandas judiciales presentadas contra grandes tecnológicas como Meta, TikTok y YouTube como responsables directas de la crisis de salud mental de los jóvenes en Estados Unidos. Su desenlace será determinante también en nuestro país. De otro lado, la campaña espontánea de las familias jóvenes para retrasar la compra del móvil hasta los 14 o 16 años que empezó en el País Vasco y ahora está prendiendo con fuerza en Catalunya. En varios municipios vascos se ha llegado a acuerdos con los comercios locales para que puedan prestar ayuda a niños y adolescentes y hacer llamadas de urgencia. Es el camino aún por emprender en Catalunya, corresponsabilizando al entorno local para que tenga viabilidad un nuevo tipo de presión social: "No te hace falta el móvil hasta cierta edad". Sin la complicidad del entorno, este tipo de autorregulación no acabará de funcionar y para ello se requiere asentar un sólido consenso local. Buena oportunidad para que los municipios ofrezcan espacios de democracia deliberativa donde construir nuevas pautas compartidas de crianza familiar, haciendo realidad aquello de que educa toda la tribu o que la ciudad ha de ser educadora. Es un error centrar la autorregulación del móvil tan solo en los centros educativos y poner la escuela como epicentro del problema y de su solución. Tiene poco sentido y es reduccionista. De hecho, el 82% del tiempo activo anual de un adolescente de la ESO lo pasa fuera del centro y dentro, el 18% de su tiempo restante. Por tanto, primero, midamos bien el reparto de responsabilidades entre la escuela y su entorno. Segundo, respetemos la autonomía de centro en la regulación del uso de los móviles personales sin que ello impida usar 'tablets' en las aulas y desarrollar las competencias digitales que son necesarias para capacitarse en el mundo de hoy y mañana. Forma parte del derecho al aprendizaje y debe ser un enriquecimiento competencial equitativo. Tercero, ponerse las pilas y saber por qué el 47% de los institutos públicos es ajeno al debate y no tiene regulado el uso de móviles y en qué tipo de entornos sociales predominan. Sería alarmante que los barrios populares y vulnerables, sin liderazgos familiares de clase media como los que se están movilizando, quedaran atrás y fuera del amplio consenso que debe regularse. Cuarto, a la política pública le corresponde hacer una evaluación de los impactos que generan las distintas experiencias autorreguladas en los centros para asentar decisiones futuras. Quinto, evaluar también el impacto de la jornada intensiva de la ESO en el sobreconsumo de pantallas. Por último, la ansiedad social ante la creciente anomia adolescente (adicciones, salud mental, vacío vital, violencias, hipersexualización, irrupción de la inteligencia artificial, etc.) necesita canalizarse y ser dialogada. Pero no solo desde la escuela. Las empresas tecnológicas son las mayores responsables ante las familias y los menores de edad y no pueden ponerse de perfil. Deben ser parte de la solución y contener su ambición de negocio de convertir a los menores en esclavos digitales. En el pasado, a eso se le llamaba ética empresarial.

El desafío de consensuar el uso de móviles

La regulación no debe centrarse solo en la escuela sino abarcar el entorno. Las empresas tecnológicas han de ser más corresponsables ante los menores de edad

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