Los expertos convocados por el presidente Aragonès para dotar de argumentos a su acuerdo de claridad le han hecho saber que solo le pueden repetir lo que ya se sabía en 2014. Que el reto es el mismo: cómo un Estado que se proclama constitucionalmente indivisible va a aceptar un referéndum de autodeterminación vinculante sin modificar el artículo 2 de la Constitución. Nada nuevo, el PSOE necesitaría muchos más votos en el Congreso que los de los 14 diputados independentistas si quisiera enfrentar esta reforma. Incluso la primera hipótesis de este informe, que consiste en una consulta a los catalanes para saber si quieren que el Parlament inicie un procedimiento de reforma de la Carta Magna, resultaría hoy mucho más difícil de celebrar que en 2010. La doctrina constitucional ha ido cerrando brechas.