Un campo de minas

Es insensato dramatizar. España no está en 1936 y no hay peligro de "destrucción nacional". Pero sí sufre una creciente crispación que acarrea problemas de gobernabilidad. En 2016 ya hubo que repetir elecciones, y lo mismo pasó en 2019. Y la culpa no fue del independentismo, sino de la fragmentación política y de la incapacidad de los dos grandes partidos para alcanzar mínimos consensos. En el mundo los tiempos son difíciles –guerra de Ucrania, China y la desglobalización, el resurgir de la inflación, la sombra de Trump– y el paraguas europeo no curará todos nuestros problemas. Estamos en un campo de minas. Con un Gobierno en funciones desde primavera. Y la casi certeza de que seguiremos así tras la investidura de Feijóo a fin de mes. Y con una gran incertidumbre sobre si Pedro Sánchez logrará ser investido antes del 27 de noviembre, cosa muy complicada porque necesita el apoyo de los siete diputados de Puigdemont. Y si Sánchez hace 'un Feijóo', seguirá en funciones hasta que se forme otro Gobierno tras las elecciones del 14 de enero. ¿En marzo de 2024? Suponiendo que no haya que repetir elecciones por segunda vez como ya estuvo a punto de pasar en 2019. El pacto con Puigdemont, que por otra parte enerva a gran parte de España, no es imposible, pero sí parece la cuadratura del círculo. Sánchez –y amor al riesgo no le falta– quiere, pero tiene el límite de la Constitución. Y por muy lanzado que sea, no puede saltarse la Carta Magna. Diga lo que diga Aznar, que –hay que recordarlo– él mismo dijo que no la votó en el 78. Estaba a la derecha de Fraga. Pero ¿es compatible la Constitución con una ley de amnistía? Hay juristas que dicen que no y otros, con distinto énfasis, que sí. O que quizás sí. Pero la clave es política. ¿Es aceptable una amnistía que sea un trágala de Puigdemont porque no conlleve un compromiso de no hacer otra declaración unilateral al día siguiente, como exige la ANC, que dice que, caso contrario, la amnistía solo amordazaría al independentismo? ¿O dentro de unos meses? ¿O unos años? ¿Aceptará Puigdemont estas limitaciones que Iván Redondo, exjefe de gabinete de Sánchez, ha enunciado en un reciente artículo? ¿Mantendrá esa posición –suponiendo que la asuma– pese a las críticas que le lluevan, como no lo hizo en 2017? Entonces había decidido convocar elecciones y se echó atrás por miedo a ser acusado de traición y de haber aceptado las "treinta monedas de plata". Y estallan minas como la condena a cuatro años de prisión al 'exconseller' Miquel Buch, por haber puesto un 'mosso' al servicio de Waterloo, que ha hecho que Puigdemont repita que nunca renunciará a la unilateralidad y que España es "un país podrido". Y cosas así no ayudan a asimilar que una amnistía pueda equivaler al "pasar página" que preconiza desde hace meses Salvador Illa. Y facilitan que Aznar la compare –sin ni saber cómo sería– con la destrucción de España y anime a repetir el 'Basta Ya', las movilizaciones contra el terrorismo de ETA tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y que luego la portavoz del Gobierno, con cara de no haber roto nunca un plato, tilde a Aznar de "golpista" aún alimenta más la guerra civil fría y fuerza a Feijóo a seguir a Aznar. Minas que se retroalimentan. La negociación dio un primer fruto: el pacto para que Francina Armengol fuera elegida presidenta del Congreso. Y hay empresarios catalanes de peso que creen que habrá pacto. Pese a que el encuentro en Bruselas, como viejos amigos, entre Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno a tiempo completo, y Puigdemont dio demasiado protagonismo a Waterloo. JxCat ya había cobrado el 'voto Armengol' al poder tener grupo parlamentario solo por el préstamo temporal de dos diputados socialistas. Todo es incierto y en Waterloo se espera al próximo martes. Si España logra –como el Gobierno prometió– que el catalán sea reconocido como lengua del Parlamento Europeo, Sánchez habrá ganado credibilidad. Vale, pero ¿cuándo la ganará Puigdemont ante los catalanes y españoles que no condenan al independentismo –la Constitución no es militante–, pero sí la unilateralidad y la violación del propio Estatut de Catalunya aprobado en referéndum por los catalanes? ¿Solo votando la investidura de Sánchez?

Un campo de minas

Waterloo cree que si el catalán es reconocido por el Parlamento Europeo –como el Gobierno prometió–, Sánchez habrá ganado credibilidad negociadora

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