Infiltración evitada en la Comisión Europea

La Unión Europea (UE) ha evitado in extremis esta semana la infiltración en un puesto clave de la Comisión Europea (CE) de un caballo de Troya defensor de los intereses de los gigantes tecnológicos. La estadounidense Fiona Scott Morton, que trabaja para el grupo lobista Charles River Associates, renunció este 19 de julio a ocupar el puesto de economista jefe de la Dirección General de Competencia de la UE. Este departamento se encarga de dictaminar con poderes exclusivos en la UE, por encima de los gobiernos nacionales, sobre fusiones y adquisiciones de compañías, prácticas monopolísticas, abusos de posición dominante y ayudas públicas. La nueva legislación europea sobre el sector y las empresas digitales ha reforzado aún más relevancia de la Dirección de Competencia.

La renuncia se produjo poco antes de la reunión semanal de la CE, donde al menos siete comisarios iban a reclamar a la presidenta Ursula von der Leyen la revisión del nombramiento por motivos de seguridad, conflictos de interés y vulneración de la legislación que establece que los puestos de la UE sólo pueden ser ocupados por ciudadanos de alguno de los estados miembros. La víspera, en el Parlamento Europeo, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ya había fracasado en su intento de apaciguar la oposición al nombramiento de los tres principales grupos parlamentarios, popular, socialista y liberal. El  presidente francés, Emmanuel Macron, también lo había criticado durante la cumbre UE-Latinoamérica, expresando una opinión compartida por otros gobiernos.

Ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni ningún estado de la UE permite nombrar a un extranjero en un puesto clave de su administración nacional. EEUU nunca habría autorizado que un europeo ocupara un cargo tan sensible en su organismo equivalente, la Oficina de Competencia de la Comisión Federal de Comercio. La legislación de la UE también lo prohíbe. Para permitir el nombramiento de Scott Morton, la CE había tenido que aprobar una derogación especial, nunca utilizada hasta ahora para un cargo de responsabilidad. Pero Scott Morton no habría podido obtener la requerida habilitación de seguridad, ya que debe emitirla un estado de la UE (el de la nacionalidad del funcionario).

El gran interrogante

El gran interrogante que se plantea es el motivo del especial interés en colocar esa lobista estadounidense en un puesto clave de la CE, dada la evidente contraindicación política y el claro conflicto de interés por las relaciones profesionales de Scott Morton con Apple, Amazon, Microsoft, Sanofi y Pfizer, entre otras compañías, objeto de atención regular de la Dirección de Competencia de la UE. Charles River Associates, para la que trabaja, defiende a nivel mundial los intereses de los gigantes tecnológicos y las grandes compañías frente a las autoridades de competencia y los tribunales. El nombramiento se formalizó incluso antes de evaluar sus conflictos de interés, ya que Vestager explicó a los eurodiputados que esa evaluación aún “estaba en curso”.

La poco convincente intervención de Vestager en el Parlamento Europeo sembró la duda de si la iniciativa para nombrar a Scott Morton partió de ella o le fue impuesta por Von der Leyen a sugerencia de Washington. Tampoco queda claro cómo se coló el nombramiento en la reunión de la CE del 11 de julio sin que los comisarios opuestos hubieran podido reaccionar (Josep Borrell, Thierry Breton, Paolo Gentiloni, Nicolas Schmitt, Elisa Ferrera, Didier Reynders y Johannes Hahn).

El nombramiento de Scott Morton comenzó a fraguarse en marzo ante la prevista jubilación en septiembre del economista jefe de Competencia, Pierre Régibeau. Desde el principio en Competencia quedó claro que el puesto estaba destinado a ella, lo que frenó la presentación de candidatos. En su etapa en el Departamento de Justicia de EEUU (2011-2012), Scott Morton favoreció la posición de dominio de las grandes compañías. En mayo, una carta de seis organizaciones, como Corporate Europe Observatory, LobbyControl y European Digital SME Alliance, alertó contra su nombramiento. Además de los conflictos de interés y la irregularidad de elegir a un no europeo, la carta destacaba que defendía las grandes compañías tecnológicas, ignoraba o minimizaba el impacto negativo de la concentración de poder de esos gigantes tecnológicos para la sociedad y la democracia y rechazaba los criterios de las autoridades de competencia de los países de la UE, EEUU y el Reino Unido.

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